Se les imputó por delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. Desde la Correpi advierten que los cargos se sustentan exclusivamente sobre las declaraciones de la policía de la ciudad.
Ismael Jalil, abogado de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), explicó en Arriba Hormigas que 22 de los 31 detenidos en las inmediaciones de plaza de Mayo en la movilización de septiembre fueron sometidos a un procedimiento construido “única y exclusivamente copiando y pegando las declaraciones de la policía, descartando toda posibilidad de descargo y con una finalidad de disciplinamiento”.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi les impartió un embargo por sumas que ascienden hasta los 5 millones, disposición que Jalil interpreta como “una autentica provocación”. “Es importante saber que De Giorgi es el mismo juez que patea la pelota a la hora de tener que juzgar a empresarios que han vaciado medios y condenado trabajadores a la desesperación como en el caso de Martínez Rojas que fundió Tiempo Argentino y Radio America”, señaló Jalil.
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