En el día de la Diversidad Sexual se realizó una gran movilización denunciando la falta de políticas públicas que permitan la inclusión laboral y la violencia institucional y social que sufren permanentemente el Colectivo LGBTI y especialmente el colectivo travesti/trans.
“Desde ATE Y CTA, venimos trabajando en distintas actividades y esta vez entre otras cuestiones salimos a la calle a reclamar la implementación del cupo laboral trans, que está regulado en la ley que conocemos como Diana Sacayán, pero que aún no está reglamentada. Y al no estar reglamentado las compañeras no ingresan a trabajar en ningún lugar del Estado”, contó en Cacodelphia, Liliana Gómez, Secretaria de Género y oportunidades de la CTA-Autónoma.
Esa legislación promulgada el 21 de diciembre de 2015, creó en el sector público de la provincia “un cupo mínimo, de al menos un uno por ciento de los empleos, para el colectivo de travestis, trans y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establece reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”. Se trata de una ley que puso a la Provincia a la vanguardia en lo que tiene que ver con el empleo genuino “pero hoy solo hay tres compañeras trabajando en la Legislatura y otras tres que trabajan en la Municipalidad”, señaló Gómez.
“De manera urgente, entonces, debe cumplirse el efectivo acceso a un trabajo formal a todas las personas trans y así lograr el cumplimiento efectivo de la Ley, porque cuando las compañeras no consiguen trabajo, no le queda otra que salir a trabajar a la calle y esa es una situación muy difícil para ellas. En todo laburo lo primero que te piden es los antecedentes penales y nosotros decimos que la mayoría de las compañeras tienen antecedentes por estar trabajando en la calle. Por eso estamos demandando la reglamentación y aplicación inmediata de la ley provincial 14.893, de Licencia laboral por violencia de género, porque sino jamás podrán conseguir un empleo genuino”, contó la dirigente.
La concentración fue frente a la Municipalidad de La Plata y un gran número de organizaciones sindicales, estudiantiles y organismos de Derechos Humanos marcharon por las calles de la ciudad para reclamar "la aplicación inmediata de la ordenanza municipal que declara la Emergencia en Violencia de género en La Plata; que la justicia acelere la investigación por el crimen de Diana Sacayán, que den fecha del juicio oral y que se conserve la carátula de “travesticidio” y se denunció una vez más la persecución policial que tienen las compañeras en la llamada Zona roja", ennumeró Gómez y denunció que "ese acoso y estigmatización que sufren las personas trans y travestis es responsabilidad del intendente de la ciudad y de la policía bonaerense".
Además se exigió que el Estado se haga cargo del Centro de Salud Sandra Cabrera “que sigue pasando una situación muy delicada”, contó la secretaría de género de la CTA Autónoma. Se trata del primer Centro de Referencia en salud integral para Trabajadoras Sexuales que es Co-gestionado por Trabajadoras Sexuales y el Ministerio de Salud de la Provincia Buenos Aires se ha visto en la obligación de interrumpir temporalmente la prestación de servicios debido a los cortes de luz. “Una deuda que las compañera resolvieron para poder seguir funcionando”, contó Gómez y recordó que “ese centro no solo atiende a las compañeras trans sino a toda la comunidad y tiene como el resto de las unidades sanitarias de la ciudad todo tipo de problemas”.
Primer casamiento trans en Latinoamérica
La semana pasada la pareja de Shirley Adriana Torrey Carpio y Luciana López contrajo nupcias en el registro civil del barrio San Carlos, en la ciudad de La Plata. “Las compañeras después de siete años sellaron su vinculo de amor”, contó Gómez que fue la madrina de la primera pareja trans en ejercer ese derecho en el país. “Fue una sorpresa para mí, una gran emoción, porque es muy gratificante que te elijan para algo tan especial”, expresó.
La Ley de Matrimonio Igualitario fue aprobada en Argentina el 15 de julio de 2010, y el país se convirtió de ese modo en el primero de América Latina y el décimo a nivel mundial en reconocer este derecho. Dos años después, el 9 de mayo de 2012, el Congreso aprobó la ley de Identidad de género, que reconoce el derecho de las personas a llevar una identidad tal cual se perciben. “Se trata de leyes fundamentales que son parte de los avances que hemos logrado en los últimos años, por eso desde la CTA creemos que las compañeras deben comenzar a visibilizarse y la comunidad debe comprender que existen estas leyes y entender su significado”, enfatizó.
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