El décimo informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria reveló la grave situación del sistema de encierro: a fines del año 2015, la población de detenidos llegó casi a 40.000 personas y sigue creciendo en un sistema que está colapsado. Desde el organismo advierten que esto provoca niveles mayores de hacinamiento y agrava las condiciones de detención.
La presentación se llevó a cabo en el Senado de la provincia de Buenos Aires y contó con la presencia del vicegobernador radical, Daniel Salvador y el Secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón. Además, expusieron las autoridades de la CPM que destacaron la presencia de familiares de víctimas de la violencia institucional y, particularmente, de la familia de Narciso Gastón Ayala, asesinado en la cárcel de Olmos a comienzos de agosto pasado. También reiteraron el pedido de que la CPM además de organismo de control e inspección, sea el encargado de prevenir la tortura en los lugares de encierro.
El Informe fue elaborado por el Comité Contra la Tortura de la CPM a partir de inspecciones y controles a los lugares de encierro de la provincia. Revela las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas privadas de su libertad en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2015.
Algunos de los datos mas relevantes registrados fueron el crecimiento de la población carcelaria que alcanzó un récord histórico de 39.927 detenidos; 145 muertes en cárceles, de las cuales el 65% fueron muertes evitables, es decir, por enfermedades curables no asistidas; 12.787 denuncias de hechos de torturas o malos tratos aplicadas por agentes de seguridad; condiciones de detención inhumanas; falta o deficiente alimentación; impedimento de vinculación con familiares y falta de atención en salud.
Desde la CPM afirman que el escenario actual no es diferente al que describe este informe ya que no se han tomado medidas para realizar una modificación estructural del sistema penitenciario. El presidente del organismo y referente de la lucha por los derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel sostuvo durante la presentación que "las prisiones no pueden ser depósitos humanos, sino que tienen que ser lugares de reeducación, de conciencia y de participación. Las personas que están encerradas deben ser tratadas humanamente como también sus familiares que van a visitarlos."
El coordinador del Comité Contra la Tortura, Roberto Félix Cipriano García, también mencionó que "el informe registra graves violaciones a los derechos humanos del gobierno saliente y una política de mano dura, pero que todavía no se han tomado las medidas necesarias para modificar las estructuras de las políticas de encierro."
El vicegobernador de la provincia, Daniel Salvador, se comprometió a trabajar para solucionar la situación del sistema penitenciario: "con un informe de este contenido podemos tomar conocimiento del estado de las cárceles, que nos genera angustia pero también un compromiso mayor. Tenemos el desafío de trabajar para que las violaciones a los derechos humanos que refleja este informe sean solucionadas en el tiempo."
A su turno, el secretario de derechos humanos de la provincia, Santiago Cantón reforzó lo que dijo el vicegobernador: "es fundamental que haya organismos independientes que planteen al gobierno cuáles son las violaciones a los derechos humanos que se cometen. Sin ellos, el Estado es mas débil."
Cantón reconoció que "el Servicio Penitenciario Bonaerense es un área donde la transición democrática no ha llegado."
