Francisco Chaile, de la comunidad India Quilmes de Tucumán, está acusado de robo agravado por uso de armas en el marco luego de un conflicto por defender territorios ancestrales. Belén Leguizamón, su abogada defensora, señaló que "hay intereses políticos y económicos en el fondo".
La Comunidad India Quilmes vive en Colalao del Valle (Valles Calchaquíes, Tucumán). Francisco Chaile es el cacique y uno de las referentes en el reclamo territorial. El 6 de junio, intentó iniciar una negociación para recuperar las tierras de su comunidad, cuando se desató un conflicto. La policía de Tucumán y la Gendarmería Nacional lo detuvieron bajo la acusación de “robo agravado por uso de armas”.
El martes, el juez Mario Velázquez dispuso su prisión preventiva. En comunicación con RAP, la abogada Belén Leguizamón expresó que esta sentencia viola los derechos fundamentales de Chaile, atentando contra su libertad y su integridad física. "Desde el principio venimos sosteniendo que él no está en buen estado de salud -hemos presentado sus historias clínicas-, además de que tuvo algunos deterioros en estos meses que estuvo detenido en la comisaría", manifestó.
Leguizamón, que integra la organización Abogados y abogadas del NOA en DDHH y estudios sociales (ANDHES), destacó que Chaile debería estar en libertad ya que no cumple con los requisitos para la prisión preventiva, que son el peligro de fuga o el entorpecimiento de las pruebas de la causa. Por estos motivos, la sentencia fue apelada y se presentó un habeas corpus correctivo para que se vuelva a hacer un estudio de salud del cacique y se acredite que él no está en buenas condiciones. "Como medida cautelar pedimos que se le otorgue una domiciliaria y, cuando se dé la resolución de fondo, se le otorgue la libertad", señaló. .
El tema de fondo: la tierra
Las comunidades indígenas de Tucumán plantean como puntos prioritarios a resolver la libertad inmediata al cacique Chaile, que se cumplan los fallos judiciales que restituyen la Ciudad Sagrada a la comunidad originaria y “medidas urgentes” de organismos nacionales y provinciales para garantizar la integridad de los diaguitas.
En los últimos dos años hubo reiteradas usurpaciones y amenazas en el territorio que habita la comunidad. "Estos conflictos se agudizaron hace dos años y tienen que ver con la administración y el manejo de la ciudad sagrada, por una persona que se autoproclama un cacique pero que no tiene el aval de la comunidad y por Héctor Cruz, quien fue concesionario del los 90 del predio", puntualizó Leguizamón.
"Claramente hay intereses políticos y económicos en el fondo (...) Estas acciones son consecuencia de la falta de respuesta de la Justicia y de intereses políticos que están en juego", explicó la abogada. También señaló la campaña de desprestigio hacia la comunidad encarada por el periódico tucumano La Gaceta.
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