¿Se puede llevar adelante una política de drogas más asistencial y menos punitiva?; ¿Hay un viraje en América Latina?; ¿Cómo debe modificarse la ley de estupefacientes de Argentina?. Estas preguntas y más fueron charladas en la antesala de la 13° Conferencia Nacional sobre políticas de drogas, organizada por la Intercambios Asociación Civil. Graciela Touzé, presidenta de la organización, dialogó con Radio Futura para acercar los debates que atraviesan las políticas de drogas.
El viernes 3 de julio se iniciará la 13° Conferencia Nacional, un espacio donde funcionarios, investigadores y activistas se reúnen para discutir las políticas de drogas tanto de Argentina como de la región. Estos encuentros anuales comenzaron en 2003, organizados por Intercambios, asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas.
La jornada se realizará en el Senado de la Nación y comenzará a las 9 de la mañana. Contará con 4 espacios de debate que atravesarán los aspectos más importantes en el debate de las políticas de drogas. Entre ellos participarán tanto referentes argentinos en la investigación, así como otros internacionales y funcionarios públicos.
En comunicación con Rap, Graciela Touzé, presidenta de la Asociación, remarcó el contexto donde se realiza este 13° encuentro, siendo la primera que se trata de un año de elecciones, y consideró fundamental un espacio para el debate de las políticas públicas de drogas. El otro es la mira en que el 21 de abril de 2016, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocará a todos los gobiernos a debatir sobre las actuales políticas de drogas en el mundo, a través de una Sesión Especial de la Asamblea General dedicada exclusivamente a este tema. Remarcó que la última asamblea de este tipo se realizó en 1998, por lo que genera una importante expectativa en vista de que se realicé una evaluación de las políticas desarrolladas en los casi últimos 20 años, con la posibilidad de plantear nuevas perspectivas.
En este sentido es que afirmó que la política histórica en materia de drogas, ha sido la llamada guerra contra las drogas, centrada en la persecución y el punitivismo. Sostuvo sin embargo, que se perciben cambios en esta materia, señalando el caso de Uruguay, donde se impulsa la creación de mercados regulados de marihuana, pero también otras experiencias latinoamericanas. Señaló así el caso de Bolivia, “que ha defendido su soberanía su cultura ancestral frente a un modelo eurocéntrico que pretendía eliminar una práctica milenaria como es el mascado de coca”.
También señaló el caso de Ecuador, país que recientemente impulsó el indulto a las mulas, tal como se conoce a las personas que transportan pequeñas cantidades de drogas, la mayoría de las veces poniendo en riesgo su vida al ingerirlas.
“Distintas experiencias remiten a las diferencias entre los países, y el patrón común es el reclamo de que se respete la soberanía y las particularidades de los contextos locales”, señaló Touzé.
En el caso de Argentina remarcó el giro que desarrolló la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), que dejó de lado el abordaje punitivo de la problemática, para centrarse en el asistencial. De todas maneras, remarcó que aun no se ha realizado una necesaria reforma de la Ley 23.737, que rige todo lo relacionado al tráfico de sustancias ilícitas y fue aprobada en 1989.
“Hay un consenso de que lo que debe ser atendido principalmente es la penalización de la tenencia para consumo personal, que genera que sean perseguidos los consumidores, y hace tiempo que venimos planteando que es una barbaridad”, explicó. En este sentido remarcó que el caso de que una persona tenga problemas por el consumo de drogas, es en todo caso de salud y no penal. Remarcó así el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional dicha situación.
En otro aspecto, remarcó que las mayorías de las detenciones se realizan por tenencia de droga, y en este sentido afirmó que “es mucho más fácil detener un chico fumando un porro, que llevar adelante una investigación seria a niveles del crimen organizado importante, y así se pierden recursos humanos, tiempo y trabajo en los eslabones más débiles”.
