La investigación por las muertes del 2 de abril en La Plata de 2013 llevó a destapar una serie de rutinas ilegales en la gestión de los cuerpos en la morgue policial. El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) había solicitado cerrar la morgue hasta que se generaran procedimientos de actuación. Pero la Cámara a cargo de la causa ordenó reabrirla. También, le impuso costas al organismo de derechos humanos por reclamar.
“Esto genera una situación de impunidad, la morgue es una máquina de desaparecer personas. En la situación en la que se encontraba la morgue de La Plata, el estado no podía asegurar que el cuerpo que entraba no iba a perder su identidad en ese agujero negro”, expresó Analía Carrillo del CIAJ, en referencia a la decisión de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de La Plata, de darle la razón a la Provincia de Buenos Aires, que a través de la fiscalía de Estado pidió que se vuelva atrás con la decisión del juez en lo contencioso y administrativo, Luis Arias, de cerrar la morgue de La Plata. En su resolución dictada a principios de julio, la Cámara argumentó que no poder ingresar cuerpos y tener que trasladarlos a otras morgues le generaba al estado un perjuicio económico.
La causa de la morgue se inició en el marco de la discusión de la cantidad de fallecimientos por la inundación del 2 de abril. En febrero de este año, el juez Arias, a cargo de esa investigación, ordenó a Gendarmería Nacional realizar una pericia en la que se detectaron irregularidades graves: había cadáveres que no estaban en el listado oficial, había licencias de inhumación y no se encontraban los cuerpos, había cadáveres sin rotular, había cuerpos vestidos y sin autopsiar.
Lo que se busca es la modificación en las prácticas
“Cuando tomamos conocimiento de esto, desde el Colectivo le solicitamos al estado que informe los procedimientos existentes en las morgues provinciales, y cuál era el Protocolo que se debía realizar cuando entraba un cuerpo”, relató Carrillo. Y agregó que “ante el silencio del Ejecutivo recurrimos a la justicia y solicitamos a través de una Hábeas Data información y solicitamos que, hasta tanto se pueda esclarecer la situación, como medida cautelar, se prohíba el ingreso para no seguir potenciando la situación de caos. Eso es lo que el estado cuestionó”.
Por esas acciones judiciales, la Cámara impuso al organismo la obligación de pagar costas. “Esto constituye un antecedente tanto para el CIAJ como para todas las organizaciones de derechos humanos. Lo que está diciendo el Poder Judicial es si eligen esta vía para reclamar por sus derechos sepan que van a pagar”, indicó.
La abogada de la organización de derechos humanos señaló que “el estado no dijo ´acá hay un orden, un protocolo que es este´. Se podría decir que políticamente reconocen las irregularidades, porque una serie de personas encargadas de la morgue, de la Policía Científica y el superintendente de investigaciones judiciales pasaron a disponibilidad”. Sin embargo, precisó que “el CIAJ no buscaba la modificación de las personas sino lo que se busca es la modificación en las prácticas de la gestión de los cuerpos, porque no son las personas las que actuaron mal sino que consideramos que hay rutinas ilegales”.
Por eso, otro de los pedidos fundamentales del CIAJ -que quedó pendiente- instaba a que, de no haber un protocolo, se llame a una mesa de trabajo, constituida por actores de la sociedad civil, del poder ejecutivo y del poder judicial,que tenga por fin generar procedimientos unificados de actuación en las morgues policiales.
La decisión de la Cámara fue dictada a los pocos días de que la misma sede judicial reconozca el fallo del juez eArias que determinaba que eran 89 el número de víctimas por la catástrofe política, social, económica y ambiental de abril de 2013.
