Diputados convirtió en ley el proyecto que aprueba el traspaso de la gestión de la ex ESMA y otros cuatro ex centros clandestinos de la Ciudad al Estado nacional. Además, se disolvió el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y se creó un Consejo Asesor en Políticas Públicas de la Memoria. Organismos de derechos humanos cuestionan la medida.
A partir de esta disposición, la ciudad de Buenos Aires cede a la Nación por 30 años el usufructo del predio de la ex ESMA, el centro Automotores Orletti, el Club Atlético de Paseo Colón, el Olimpo y Virrey Cevallos. Asimismo, se votó la disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), que coordinaba los sitios de memoria y que deja de ser un ente perteneciente a la Ciudad, y la creación, en su reemplazo, de un Consejo Asesor en Políticas Públicas de la Memoria que “impulsará la transmisión de la memoria de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado”. Esta institución estará integrada por tres representantes del Ejecutivo de la Ciudad, tres de la Legislatura y uno por cada una de las organizaciones sociales de derechos humanos, entre ellas, Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, CELS, Serpaj y Madres-Línea Fundadora.
Desde distintos organismos de derechos humanos cuestionan que esta medida pueda devenir en una pérdida de autonomía y autarquía para el organismo a cargo de la gestión de los ex centros de detención. "Pensamos que cuando venga otro gobierno no van a existir más los sistios de la memoria, ni la ESMA, se va menospreciando de casi 8 años de trabajo que se hicieron de manera excelente, con presentaciones, libros y acciones encaminadas a fortalecer la memoria, pero también aportando a los juicios testimonios permanentes", expresó Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, en diálogo con Rap.
Además, Cortiñas criticó la forma en que fue realizado el traspaso: "este es un trámite que fue llevado a cabo de una manera muy sigilosa, por atrás, sin consultar. Es lamentable porque la gente que participó es gente con la que trabajábamos hace muchos años".
La semana pasada, la resolución obtuvo en el Senado 41 votos positivos del Frente para la Victoria y el PRO y 15 votos en contra, entre los que se contaron dos del interbloque kirchnerista: Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) y Pablo Ferreyra (Izquierda Popular). Por su parte, la titular del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, defendió la iniciativa al sostener que “lo mejor que podemos hacer es que los sitios pasen a la órbita nacional, porque hay una política de Estado que va a trascender. No hacemos politiquería barata con los derechos humanos, sino que trabajamos por las políticas del Estado de memoria”.
Según anticipó Cortiñas, en los próximos días se apelará la medida. "Los derechos humanos son de todos, no pueden ser apropiados por ningún sector. Tenemos que tener claro que todo esto tiene que continuar, no puede ser que de un año para el otro, cualquier gobierno por un trabajo hecho durante 40 años, ahora termine en nada; es una gran preocupación y un gran dolor", sintetizó.
Desde la Legislatura se afirmó que tanto el Convenio como la Ley de Creación del Consejo establecen garantías para los trabajadores en cuanto a su antigüedad, condiciones y retribución, a la vez que aseguran que el gobierno porteño tenga las partidas presupuestarias para pagar los salarios hasta que se haga efectivo el ingreso al Estado nacional. La iniciativa, puesta a consideración tras tres horas de debate, recibió 142 votos a favor, del Frente para la Victoria, los habituales aliados y el PRO, y 81 en contra del resto del arco opositor, y fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
