Fue detenido a la salida de un recital en el año 1991 y murió tras la golpiza que recibió en la comisaría. El caso ha estado impune desde entonces. Hoy se dará inicio al juicio que tiene como único imputado al ex comisario Miguel Ánguel Espósito. Será juzgado por el delito de “detención ilegítima de la libertad” pero no por el de “homicidio”.
María del Carmen Verdú
En comunicación con Rap, María del Carmen Verdú, abogada de CORREPI – Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional- y de la familia Bulacio, declaró que no se sabe si en algún momento se podrá realizar un juicio justo por Walter ya que “el poder judicial argentino desde el primer momento puso un techo a la investigación y redujo la causa a la detención arbitraria que obviamente no es poco pero, no alcanza.” Walter tenía 17 años y estaba terminando el secundario en el Nacional Rivadavia. El 19 de abril de 1991 fue con un grupo de amigos al recital de los Redonditos de Ricota que tenía lugar en el Estadio Obras Sanitarias. A la salida, se encontraron con un operativo policial que rodeaba el estadio. La comisaría que estaba a cargo era la Seccional 35°, al mando del hoy ex comisario Miguel Ángel Espósito. Fueron golpeados y detenidos cientos de jóvenes, pero sólo el nombre de 73 figuró en las actas de la comisaría. Walter fue uno de ellos. Una semana después murió en consecuencia de la golpiza que recibió en la comisaría.
El juicio lo llevará adelante el Tribunal Oral en lo Criminal 29 de la ciudad de Buenos Aires y estará a cargo de los jueces Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvack. La acusación la llevará adelante el fiscal Horacio Fornaciari. En la querella estará la abogada María del Carmen Verdú y en la defensa Pablo Argibay Molina. A lo largo de seis jornadas, que tendrán lugar el 24, 26 y 30 de septiembre y el 2, 3 y 8 de octubre, se presentarán a declarar los 27 testigos convocados. En su mayoría son policías y ex funcionarios judiciales. También estará entre ellos la madre de Walter, Graciela Scavone. Se espera que el 10 de octubre se presenten los alegatos de la querella, el 15 de la fiscalía y el 17 de la defensa.
La intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
. Desde el inicio de la investigación diferentes planteos judiciales realizados por la defensa de Espósito postergaron el comienzo del juicio. La magistrada que más tiempo estuvo a cargo del expediente fue Alicia Iermini, por lo que se la hace responsable de que la causa prescribiera tras 17 pedidos de traslado. En el año 1997 CORREPI, organismo que conforma actualmente la querella en el juicio, ante la falta de intervención de la justicia, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La abogada María del Carmén Verdú, afirmó que fue ella quién recibió la denuncia que hicieron en representación de la familia de Walter en el año 1997. “La comisión dictó su recomendación especificada en el artículo 50, como el Estado Argentino no cumplió las recomendaciones, entonces, se abrió la segunda etapa con intervenciones de la Corte Interamericana y de dónde tanto nosotros como la propia Comisión formulamos demanda contra el Estado” declaró Verdú. En el año 2003 se puso fecha al juicio que comenzó en marzo y se realizó en Costa Rica. El 1° de septiembre se dictó la sentencia en la cual “se condenó al Estado argentino por la violación de los derechos, es decir, por la detención ilegal, la tortura y el asesinato de Walter. Y por la violación al derecho de su familia de acceder a la justicia.” A su vez, la Corte Interamericana, exigió la investigación del accionar de los funcionarios que participaron en la causa. Dio la orden de indemnización para la familia Bulacio y consideró a la causa como imprescriptible por tratarse de un crimen de Estado.
En el año 2004, la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la causa y poner en observación a los jueces que la declararon prescripta. Más tarde, en el 2008, el Poder Ejecutivo, a través del, en ese entonces, Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, denunció al Consejo de la Magistratura a la jueza Iermini por su mal desempeño en la causa. Sin embargo, éste llegó al Plenario del Consejo recién en el 2012.
La abogada afirmó que la necesidad de saldar la deuda que tiene el Estado con la causa Walter Bulacio no es una necesidad ni de la familia ni de CORREPI sino una necesidad de “los jóvenes que sufren a diario la represión policial”. Afirma que el propio “Estado argentino reconoció la responsabilidad por la detención ilegal y también por la muerte de Walter, que ocurrió como consecuencia del maltrato recibido en la comisaría y, previamente, durante la detención”. Sin embargo, “no utilizan la palabra tortura porque no la saben ni siquiera pronunciar.” “Lo que sucede con el 99 por ciento de las causas, las causas por aplicación de torturas, si llegan a juicio, el mínimo porcentaje que llegan, será una apremia ilegal, los fusilamientos de gatillo fácil se convierten en homicidios tradicionales o en homicidios culposos, como si hubiese sido un accidente, y así ocurre en todos los casos” afirma la abogada. Bulacio no sería la excpeción, lo excepcional, remarca, sería el reconocimiento a la lucha y la organización que logró que se llegara al juicio.
Verdú concluyó que “lo más importante y que sigue incumplido hasta el día de hoy y que eso ha motivado muchísimos reclamos de la corte a los gobiernos argentinos de 2003 hasta hoy, es la derogación del conjunto de facultades policiales para detener personas arbitrariamente, averiguación de antecedentes, faltas y contravenciones, y demás operativos policiales.” Escuchar entrevista completa a María del Carmen Verdú
