Inicio Etiquetas Cárceles

Etiqueta: cárceles

La CPM pidió que el Ministerio de Salud de la provincia...

La Comisión Provincial por la Memoria comprobó que las personas que se encuentran alojadas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires no cuentan con acceso a la salud. Fue a partir de una serie de inspecciones en las cárceles 1 de Olmos, 17 de Urdampilleta, y 22, también de Olmos.

Un informe registró 7 mil casos de tortura ocurridos en un...

Se trata del Informe 2014 del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT) que se presentará hoy a las 18 horas en el auditorio de la Comisión Provincial por la Memoria. El estudio relevó casos de torturas ocurridos en el Sistema Penitenciario Bonaerense y Federal. 

La masacre de Magdalena: una década sin justicia

El 16 de octubre de 2005, 33 personas murieron quemadas y asfixiadas en el incendio desatado en la Unidad Penitenciaria 28 de Magdalena. Los agentes que custodiaban el lugar habían encerrado con llave a los detenidos. La abogada Margarita Jarque, de la Comisión por la Memoria, se refirió a los 10 años de impunidad.

Condenan a agente penitenciario como responsable de torturas

La Cámara Federal de Casación Penal condenó el 30 de junio a Maximiliano Barresi a 2 años y 6 meses de prisión e inhabilitación para ejercer su cargo por 5 años, por el delito de imposición de vejámenes a presos de la Unidad Nº II del Servicio Penitenciario Federal. La causa fue iniciada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

La CPM alerta sobre la “grave crisis” de los Derechos Humanos...

La Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe anual 2015 sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad implementadas en territorio bonaerense en el período 2013-2014. Confeccionado por los equipos de las áreas del Comité contra la Tortura y de Justicia y Seguridad Democrática, el informe da cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas en cárceles, institutos de menores y neuropsiquiátricos; denuncia el hacinamiento en comisarías y el ejercicio de la violencia policial; y advierte sobre el crecimiento de la tasa de encarcelamiento, que registra actualmente el mayor índice en la historia de la Provincia.

Los jueces avalan la violencia de género en la cárcel

Las mujeres encarceladas con sus hijos e hijas, y las embarazadas, además de la condena penal, sufren una sanción moral por no cumplir con lo socialmente esperado de una mujer y una madre. Así lo revela el informe presentado el pasado viernes por el Comité contra la Tortura. “Patear la reja” habla de la situación de las detenidas en la Unidad 33 de Los Hornos, y de los jueces que legitiman la violencia intramuros hacia las mujeres y hacia los niños. El viernes 17 de octubre, en el Rectorado de la UNLP, se presentó el libro “Patear la reja. Género, encierro y acceso a la justicia: mujeres encarceladas con sus hijos en la provincia de Buenos Aires”. El informe, realizado por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, contiene la mirada de las mujeres sobre la cárcel. Entre las conclusiones a las que arribó el equipo, subrayan que los jueces legitiman la violencia de género, que solo consideran a las mujeres en tanto madres, y que legitiman la presencia de niños y niñas encarcelados. El informe se hizo en base a entrevistas a mujeres presas, a los monitoreos del Comité contra la Tortura y a los informes producidos en los últimos diez años, a  informes de los jueces sobre la cárcel y a entrevistas a operadores judiciales. andaragencia.org Fabián Bernal, subdirector de Inspecciones a lugares de detención del CCT-CPM, abrió la charla contando el caso de una de las mujeres entrevistadas: Eva, que llevaba 1 año y 8 meses detenida. Eva llevaba un embarazo de riesgo cuando fue trasladada desde la UP 33 a un penal de varones con anexo de mujeres, sin guardia pediátrica. Allí tuvo a su beba, Juana, que murió de asfixia a los tres meses, luego de esperar durante una hora la ambulancia para llevarla al Hospital. Luego de ese hecho, Eva fue trasladada otras tres veces más, sin recibir ningún tipo de asistencia psicológica. Luego de repetidos pedidos, logró entrevistarse con la jueza que llevaba su causa: “Ella pidió ver a sus familiares. Cuando la entreviste, no había podido ver a sus hijos ni tener visitas intercarcelarias con su esposo, le habían robado sus pertenencias y se encontraba en un pabellón de admisión, porque había sido golpeada y abusada frente al director de la unidad. Eva dijo “yo no voy a denunciar a nadie, es un código tumbero”. Me dijo que no le interesaba denunciarlo ante el juez, que lo único que quería era asistencia psicológica. Ante esto, pienso que esta mujer me pide esto para poder seguir sobreviviendo, y por eso el titulo del libro: “patear la reja””, relató Bernal. La doble condena hacia las mujeres Natalia Rocchetti, trabajadora social e integrante del equipo de la CPM, explicó que para indagar en la situación de las mujeres detenidas, realizaron 38 entrevistas de monitoreo y 10 de investigación. “El informe no podría haber sido posible sin la participación y el consentimiento de las mujeres detenidas”, sostuvo Rochetti, quien agregó que en el libro se analizan distintos ejes de la vida carcelaria, como la atención de la salud, la educación y el trabajo, la violencia penitenciaria y el acceso a la justicia y, entre otros datos, precisa que las detenidas son mujeres pobres de entre 18 y 33 años de edad. . Una de las cuestiones centrales que se desprende de las entrevistas es que las mujeres reciben una doble condena, que es la sanción punitiva y la moral, por el hecho de ser mujeres y madres. Para el sistema penal, “las mujeres han fallado como madres y en lo que se espera para una mujer; en el interior de la cárcel se busca juzgar a la buena o mala madre cuando todo es padecimiento ahí adentro”, indicó Rochetti. En tanto, remarcó que “el servicio penitenciario y los jueces solo consideran a las mujeres como madres, y por eso no consideran  que los niños están presos sino que están reforzando el vínculo con su madre”. Eso tiene su correlato en las mismas mujeres, quienes le “otorgan una centralidad a los niños y de ellas no importa nada”, afirmó. Así, ejemplificaba que en materia de salud, “las mujeres nos contaban que cuando es para ellas no hay escucha, pero cuando es para los chicos patean la reja”. El encierro de niños y niñas En su artículo 195, la Ley nacional nº 24660  de “Ejecución de la pena privativa de la libertad” dispone que “la interna podrá retener consigo a sus hijos menores de cuatro años. Cuando se encuentre justificado, se organizará un jardín maternal a cargo de personal calificado”. En tanto, una modificación promulgada en 2009, incorporó a las mujeres embarazadas o con hijos pequeños a su cargo entre una de las condiciones para poder acceder al arresto domiciliario.  Lo mismo sostiene el reglamento, a nivel provincial, en su artículo 18. Sin embargo, este derecho es negado sistemáticamente por los jueces. Rochetti explicó que esto se debe a que los jueces legitiman la presencia de niños en la cárcel para reforzar el vínculo con las madres. “Hay un discurso que circula, que dice que  total los nenes en los primeros años de vida no se acuerdan lo que vivieron. Da risa pero genera efectos terribles en los niños y en las madres”, expresó. “Pareciera que los jueces no se enteran de situaciones de violencia pero las conocen y las legitiman”, señaló, al repasar el capítulo del libro que analiza el discurso penitenciario y judicial. Y agregó, “por ejemplo, las mujeres no pueden tener cunas para sus hijos en la unidad, hay un discurso que dice que con esas cunas pueden armar instrumentos para atacarse entre si. Se ve la violencia penitenciaria se ve como violencia entre las mujeres y no como violencia institucional”. En tanto, Rochetti destacó que el sistema de protección y promoción de los derechos de la niñez no existe en la cárcel. Los niños y niñas no son beneficiados por la Asignación Universal por Hijo, ni acceden a elementos muy básicos. “Por ejemplo, un chico con parálisis cerebral no le autorizaron una silla de ruedas porque podía ser un elemento peligroso, entonces el nene se arrastraba”, ejemplificó. Por su parte, los integrantes del Comité contra la Tortuta criticaron que ante las presentaciones efectuadas por ese organismo, “la respuesta judicial es casi nula, y cuando hay respuestas de avanzada el ejecutivo no instrumenta las herramientas necesarias para que se pueda efectivizar”, concluyeron. Cabe destacar que de la presentación del libro también participaron la psicóloga e integrante de la CPM, Susana Méndez, y el magíster Esteban Fernández, del área de género y diversidad sexual de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP.

70 niños sufren el encierro carcelario

Miércoles 19 de marzo del 2013  Foto: www.andaragencia.orgLa Comisión Provincial por la Memoria presentó el Manual de Monitoreo de cárceles que alojan mujeres, mujeres con hijos e hijas y embarazadas. Se constató que hay alrededor de 1200 presas y 70 niños que viven junto a sus madres en la Unidad 33 de Los Hornos. En este contexto, Santino Villalba de 21 días de edad falleció el febrero pasado en la Unidad 33 de Los Hornos. Oriana de un mes y medio murió el 13 de marzo en la Unidad 48 de Florencio Varela. Ambos vivían con sus madres privadas de su libertad.El año pasado la CPM realizó el primer Manual de Monitoreo que abarcaba todas las unidades de detención de la provincia. El viernes 14 presentó el segundo, en este caso enfocado a analizar las unidades de encierro donde se alojan mujeres, mujeres con hijos e hijas y embarazadas. El Manual busca sistematizar diez años de experiencia de los integrantes del Comité Contra la Tortura de la Comisión. Así logra brindar una guía a quienes realizan inspecciones en cárceles para generar prácticas de prevención de violaciones de derechos humanos.En diálogo con el programa Clase Turista de Radio Estación Sur FM 91.7, Alicia Romero, directora del Programa de Inspecciones de la CPM, dijo que “si bien los niños no están privados de su libertad en un concepto judicial, lo cierto es que padecen las mismas condiciones de encierro que su madre”. Para ejemplificar, Romero recordó la represión que en el 2010 sufrieron las mujeres de la Unidad 33 en donde los gases lacrimógenos y las balas de goma también afectaron a los niños allí alojados.La directora del Programa de Inspecciones aseguró que la normativa vigente, tanto nacional como internacional, promulga el interés superior de los niños y niñas. En este sentido, asegura, se debería considerar que las madres con niños menores de edad tengan prisión domiciliaria. Pero “lo cierto es que en los hechos tenemos un sistema punitivo que lo que hace es asegurar el encierro por cualquier otro derecho”. Cabe mencionar que la ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad -tanto la nacional como la provincial- establecen entre los supuestos que habilitan la prisión domiciliaria a las mujeres embarazadas, y a las mujeres con hijos e hijas menores de cinco años.Oriana y SantinoLos niños cuyas madres están privadas de su libertad pueden vivir en las unidades carcelarias hasta los cuatro años de edad inclusive. En estos casos se prioriza el vínculo familiar, por ello hay pabellones especiales para la contención de las madres y sus hijos e hijas. Sin embargo, tras la muerte de Oriana y Santino quedó al descubierto el déficit asistencial.En febrero, luego del fallecimiento de Santino las mujeres de la Unidad 33 publicaron un comunicado en el que aseguraron que la integridad física de los niños allí alojados estaba en peligro dada la falta de un sistema de salud primaria adecuado. “La pericia médica dio cuenta de la falta de culpabilidad de la madre, quien además se halla sobreseída en su causa judicial y puso de manifiesto la responsabilidad del estado en dicha muerte” afirmaba la carta. El comunicado se dirigía a organismo de derechos humanos y de niñez, entre ellos la CPM. Solicitaban que se hicieran efectivas distintas medidas para garantizar la asistencia en materia de salud de los niños y de sus madres. A su vez se reservaron el derecho de iniciar nuevas acciones si en el plazo de treinta días no se aplicaba lo pedido.