El Gobierno Nacional, a través de decretos, había resuelto el pase a disponibilidad de trabajadores mientras el Congreso debatía la nulidad de la “reestructuración” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y otros entes del Estado.
El pasado 8 de julio, el último día de las facultades delegadas, con el decreto 462, el gobierno decide “reestructurar” el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (y otros organismos como el INASE -Instituto Nacional de Semillas- y el INTI-Instituto Nacional de Tecnología Industrial-). “Ahí ya teníamos un cambio muy fuerte en lo que es la gobernanza del INTA, en sacarle su autarquía”, señala Germán Gonaldi.
A principio de agosto la Cámara de Diputados rechaza este decreto y después el Senado también lo hace de igual forma. “En el medio sacan dos resoluciones más, la 571, que deja sin funciones al director nacional del INTA, y la 585, que ahí está el tema, el gran problema, porque suprime algunas unidades del organismo”, cuenta en Los Mundos Posibles.
El trabajador del IPAF Región Pampeana y delegado de ATE, remarca que “toda esa gente que trabajan en esos lugares pasa a disponibilidad, te pueden despedir en cualquier momento; es totalmente ilegal, porque la ley ya se cayó, la justicia lo dijo, lo dijo el Poder Legislativo, hay un conflicto de poderes muy claro ahí”.
“Tenemos todos los argumentos legales, se va a presentar una ampliación de ese amparo que declaraba la nulidad del decreto 462 (de ‘reestructuración’ de los organismos), para que involucre también el 585, que también implica los pases a disponibilidad”, asegura.
Por último, recuerda que “prácticamente desde que asumió Milei empezó el ajuste y el ataque a todo lo que es la ciencia y técnica, a la vez un desfinanciamiento del sector”. Además de sufrir un reves judicial, en caso de no acatar la decisión, el gobierno deberá pagar una multa que asciende a los 10 millones de pesos diarios.
