El Gobierno nacional decretó la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana, que garantizaba el acceso a servicios básicos para mas de 6 mil barrios populares de Argentina.
“El Fondo de Integración Sociourbana permitía la urbanización de los barrios populares. Fue una ley que se votó en 2018 con gran consenso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores”, señala Johanna Duarte, secretaria gremial de la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular)
“No había ninguna política de Estado, hasta la creación de la ley nacional de barrios populares, que pudiera dar respuesta a algo tan básico como es la urbanización, el acceso a derechos como conexiones de agua potable, cloacas, pavimento, distintas condiciones mínimas que tiene que tener una familia”, agrega en Los Mundos Posibles.
El Gobierno Nacional -mediante el Decreto 312- oficializó el cierre del FISU, creado por la Ley 27.453, que garantiza el acceso a servicios básicos en 6.467 barrios populares de Argentina. Este lunes la Mesa Nacional de Barrios Populares convocó a una jornada nacional de visibilización y denuncia frente a la eliminación de un instrumento clave para mejorar la calidad de las personas que viven en estos barrios.
Sobre la medida aplicada por el gobierno de La Libertad Avanza, Duarte remarca que “no hay justificativos coherentes o lógicos para el cierre de una política que fue única, no existe ninguna política que pueda resolver lo que resolvía el FISU, es gravísima esta decisión porque si hay algo que funcionó es esta política pública y es algo que resolvió urgencias”.
Consultada por su experiencia como parte de los primeros relevamientos que impulsaron lo que luego sería una ley, la entrevistada cuenta que "en el año 2017 me tocó hacer el primer relevamiento, que se hizo desde las distintas organizaciones comunitarias y nos permitió detectar que personas que vivían en estos barrios populares no tenían acceso al DNI, no tenían acceso a un derecho como la Asignación Universal, personas con capacidades diferentes que no podían llegar a distintas políticas públicas porque no existían para el Estado".
El FISU fue el instrumento central para implementar la Ley 27.453, sancionada en 2018 por amplia mayoría en el Congreso. Desde 2020, fue financiado con el 9% del Impuesto PAÍS y permitió realizar más de 1.000 obras en todo el país.
