El intendente de la ciudad Julio Alak firmó un decreto que paraliza las obras y trámites administrativos por 180 días, al considerar que las obras estaban “fuera de regla”. La decisión fue respaldada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que no había habilitado dichos proyectos inmobiliarios durante la gestión de Julio Garro.
“La Municipalidad se rige por un código de ordenamiento urbano, que te marca las formas de construcción en determinadas zonas, con temas muy técnicos al respecto de esto, como patrimoniales pero también hacia dónde va a construirse la ciudad urbana y qué se va a preservar. Mucho más en una ciudad como la ciudad de La Plata, que se extiende muchísimo en términos geográficos, tiene un cordón productivo, verde, que hay que cuidarlo”, introduce Cintia Mansilla, Concejala de UxLP.
En charla con Los Mundos Posibles amplía que “lo que nos viene pasando en el último tiempo es que se vienen haciendo rezonificaciones, generando parches y planteando el cambio de uso del suelo, del cambio rural a zona urbana en determinados territorios de la ciudad”.
La edil peronista recuerda que durante la gestión de Julio Garro le advirtieron sobre la situación irregular, sin embargo “prosiguieron a firmar y aprobar esa ordenanza de rezonificación sabiendo que había un fallo negativo de la Provincia”.
La paralización de las obras por 180 días y la causa penal presentada ante la Justicia han generado incertidumbre tanto para los desarrolladores como para los constructores, ya que no se sabe con certeza qué sucederá con los proyectos tras ese periodo de tiempo.
Sobre este punto, aclara que “lo que no queremos hacer es volver para atrás de las construcciones que ya se realizaron, se van a analizar los casos que hay, lo único que ahora se paralizó fueron las acciones administrativas de aquellos proyectos inmobiliarios de desarrolladores”, y remarca que la cuestión legal “tenemos que poder articular con la Provincia y generar una legalidad en el marco de esto, porque hoy estamos en un momento de ilegalidad de muchos de esos proyectos inmobiliarios”.
“Y el otro punto que es el central, que motiva la denuncia penal, es lo que no sabemos y no está claro: de qué manera el Estado municipal cobraba la plusvalía urbanística por cada cambio de uso del suelo para el desarrollo inmobiliario de un privado. Esperamos que la justicia investigue”, concluye sobre las posibles consecuencias de los funcionarios municipales que aprobaron estas modificaciones durante la gestión de Julio Garro.
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