La justicia brasileña embargó al multimillonario por negarse a nombrar un representante legal en el país. El dueño de Twitter aduce censura. Lula respaldó la decisión y exigió que cumpla las leyes como cualquier inversionista brasilero.
“La investigación no es de ahora, es de julio del 2021, sobre la posible existencia de milicias digitales que buscarían socavar las instituciones democráticas con noticias falsas. El Tribunal Supremo le ordenó a Twitter eliminar esos perfiles, vinculados al bolsonarismo, por haber conspirado para desarrollar un golpe de Estado contra Lula”, reconstruye Alejandro Palombo, licenciado en Ciencias Políticas.
La situación escaló y a raíz de esto, por obstruir a la justicia, Elon Musk es incluido en la causa. El 17 de agosto la compañía había cerrado sus oficinas en Brasil. La Justicia brasilera le exigió que Twitter nombre un representante legal, como no lo hizo, le embargó las cuentas a Starlink, otra de las compañías del magnate, para cobrar las multas por incumplimiento.
“La ley brasileña así lo exige, todo esto terminó con el cierre de Twitter el pasado viernes, y todo esto sigue porque se le dieron 5 días de gracia a Google Play para que eliminen la aplicación del App Store”, explica, y señala que Elon Musk se quejó: "El juez es un dictador que lo censura sin motivo, un criminal de la peor calaña y llamó a descargar una VPN, pero la justicia brasileña se adelantó y te pueden dar una multa de 9000 mil dólares diarios por usarlas”.
El juez que lleva adelante la investigación es Alexandre de Moraes, fue fiscal y ministro de Justicia de Michel Temer, ex presidente. “No es del riñón de Lula, pero siempre tuvo una actitud dura contra los discursos de odio, antidemocráticos, pero no es un ‘petista’ en absoluto”, describe Palombo.
“La situación suscitó un debate en el mundo jurídico de Brasil, los que lo critican al juez, porque consideran que si bien es legítimo hacer cumplir las leyes los plazos que está dando son muy cortos, que las amenazas de cárcel son polémicas respecto de lo que podrían ser las garantías procesales, y del otro lado, lo que es, si la ley brasilera está, hay que hacerla cumplir”, manifiesta.
Por último, Palombo concluye que “es un debate sobre la libertad de expresión, sin ningún tipo de dudas, pero también sobre el poder”.
