El proyecto de ley presentado en la legislatura bonaerense, auspiciado por la diputada nacional Vanina Biasi, pretende quitar la asistencia jurídica. "Es litigar contra el Estado mientras el Estado le pone todos los recursos, este sistema alimenta fuertemente la impunidad del aparato policial", asegura.
Este martes 27 de agosto se presentó en el Anexo de la Legislatura Bonaerense un proyecto de ley para eliminar la defensa que el Estado otorga a policías acusados de gatillo fácil y violaciones a los derechos humanos. La iniciativa pretende ser una herramienta de lucha contra la impunidad estatal.
“Todos los organismos de derechos humanos cotidianamente hemos tenido que ver cómo (las víctimas) han tenido que litigar contra el Estado mientras el Estado le ponía todos los recursos a las diferentes policías. Este sistema alimenta fuertemente la impunidad del aparato policial y está al servicio de que las policías repitan estos actos”, explica Vanina Biasi.
En conversación con Los Mundos Posibles, la diputada aclara que “no pretendemos modificar este aparato policial que consideramos que en gran medida es inmodificable tal como está, pero sí lo queremos ponerle un límite al uso del erario público para que finalmente ellos terminen defendiendo a unos criminales que hacen uso del aparato del Estado para expresar sus actos delictivos”.
Biasi señala que por recomendación de organizaciones como la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) también se “están colocando causas en donde se comienza a investigar con delitos menores, ocurre que la mayoría de los casos de prepotencia policial se los disfraza como causas de resistencia a la autoridad y tipologías de delitos que después, finalmente, terminan mostrándose como más graves”.
El patrocinio legal por parte del Estado para los policías abarca casos de delitos graves como homicidio, tortura, abuso sexual y desaparición forzada. “Estamos hablando de una discrecionalidad que coloca a la gente que es integrante del aparato del Estado en una situación de estatus superior”, insiste la legisladora.
Por último explica que como organismo de aplicación para garantizar el eventual cumplimiento de la normativa estará a cargo de organismos de derechos humanos que “tienen un extenso trabajo en esta materia, en defensa de las querellas, de las personas que son víctimas de las situaciones que describimos dentro del proyecto, que tienen que ver con la arbitrariedad policial”.
