Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales rechazan la postulación de ambos jueces para integrar el máximo tribunal. Este jueves encabezan una audiencia pública en Diputados junto a diversos sectores de la sociedad civil para expresar sus críticas.
El Gobierno envió los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla al Senado para su ingreso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para aprobar la postulación de los magistrados se necesitan dos tercios de las 72 bancas de la cámara alta. La elección de estos dos jueces ha despertado numerosa críticas.
“Lo vemos con mucha preocupación, estamos ante dos candidaturas que son probablemente las más polémicas y problemáticas que hayamos tenido en la historia democrática. Ni siquiera las que conformaron la mayoría automática de la Corte de los 90 presentaban al momento de su postulación tantos problemas como éstas”, considera Julian Alfie, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Uno de los candidatos que impulsa el Gobierno Nacional a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia es Ariel Lijo. “Ya ha sido denunciado y está fuertemente sospechado, con muchas evidencias que así lo comprueban, de ser un juez favorable a manejos contrarios al de una justicia de calidad. Hicimos un análisis estadístico de la información oficial y demuestra que es el magistrado más ineficaz, que menos causas resuelve, cualquiera sea la resolución, especialista en dejar causas abiertas sin resolver”, detalla el titular del INECIP.
El otro candidato es Manuel García Mancilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, un histórico militante en contra de la legalización del aborto, que ha escrito y expuesto en su contra. Incluso ha criticado fallos de la Corte que lo garantizaba en casos de violación.
“Tiene un perfil distinto, es un académico muy vinculado a un sector económico, a una cámara empresaria de hidrocarburos, ha sido director ejecutivo de esa cámara, lo cual también ha despertado críticas en términos de conflictos de intereses, pero mayormente centrado en su postura respecto a los derechos humanos, cuestiones muy técnicas sobre la jerarquía de los tratados internacionales de los derechos humanos, que él minimiza, y los derechos reproductivos de las mujeres”, describe Alfie.
“Para que sea juez lo tienen que votar dos tercios del Senado, al Gobierno no le alcanza ni siquiera con sus propios aliados, van a tener que tener votos de toda la oposición”, evalúa el entrevistado.
Sobre los proceso de elección de magistrados, Alfieexplica que “Argentina tuvo algunos avances en el 2003 cuando se renueva la Corte y hay algunas formas de participación, esto de poder impugnar, por ejemplo, formalmente a un candidato es algo que se conquistó en ese momento, pero han quedado viejos los mecanismos".
El próximo jueves,el INECIP formará parte de una audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación, en la cual diversos sectores de la sociedad civil, ciudadanos, académicos, periodistas, e instituciones especializadas podrán tomar la palabra y expresar sus críticas.
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