Diputados le dio media sanción al proyecto que declara a la educación como “servicio estratégico esencial”. La iniciativa obliga a las escuelas a abrir los días de paro. La comunidad educativa rechaza la normativa por atentar contra el derecho a huelga.
La iniciativa fue impulsada por el titular de la Comisión de Educación y ex ministro del gobierno de Cambiemos, Alejandro Finocchiaro. La votación finalizó con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones. Ahora resta su paso por senadores, antes de convertirse en ley.
Eric Simonetti, delegado de Suteba, remarca que “las medidas de fuerza que realizamos los docentes siempre tienen que ver con reclamar por mejores condiciones de estudio y de trabajo, que aumenten los salarios, arreglen las escuelas, mayor cantidad de presupuesto para educación, en general son para ayudar, para beneficiar a los estudiantes”.
“Acá en realidad lo que hay es un intento de prohibir en la práctica el derecho a la huelga que tenemos los docentes, que es un derecho que está consagrado por la Constitución Nacional”, explica Simonetti en Los Mundos Posibles.
La iniciativa establece que el 30% del personal docente deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de paro para garantizar la continuidad de las clases, pero si la medida de fuerza se prolonga por más de dos días, este porcentaje se incrementará al 50%.
“La ley no dice nada de cómo mejorar la situación de la educación, de los graves problemas que causan los paros. Se quiere resolver el problema de los paros en vez de atacar las causas que lo generan, como la falta de presupuesto, atacan a los docentes, quitándonos un derecho que tenemos consagrado por la Constitución Nacional en el artículo 14bis. Es una medida de carácter reaccionario, antisindical y antilaboral”, dice el docente a modo de caracterización.
Para SImonetti esta ley “no va solucionar el problema de los paros, porque la gravedad en la cual está el sistema educativo nos está empujando a los docentes a que tengamos que hacer cada vez más medidas de fuerza”, y afirma que el Gobierno Nacional tiene “un plan de atacar todos los derechos de los trabajadores, derechos laborales y democráticos, es un plan político más general de ajustar a la población”.
Por último, el entrevistado sostiene que “los sindicatos también deberían ponerse de acuerdo para hacer un plan de lucha común, CONADU, CTERA, SUTEBA, la FATUN, el conjunto de los gremios educativos, como se hizo en la época del macrismo o en la época del 2001”.
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