Fue en la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde el Ministerio de Seguridad justificó la criminalización de la protesta y la represión policial.
"El protocolo se basa en la excusa de ordenar transito, pero la represión fue más mucho allá, se dieron otro tipo de situaciones para desincentivar las protestas, a eso hay que sumar las detenciones totalmente arbitrarias, no hay prueba para detener a ninguna de las personas detenidas en estos meses", asegura Manuel Tufró, Director de justicia y seguridad del CELS.
En comunicación con Los Mundos Posibles señala que "el tratamiento que recibieron los detenidos, como fueron tratados a partir de un tuit del presidente y cómo un fiscal adopta ese mensaje como hipótesis, todos los presos fueron tratados como de máxima seguridad, acusados de delitos gravísimos y todas las acusaciones se fueron cayendo una a una".
La CIDH convocó a la audiencia pública a pedido del CELS, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), el Centro de Profesionales por los Derecho Humanos (CEPRODH), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y la agrupación H.I.J.O.S.
"Cuando termina el periodo de audiencia la CIDH puede emitir algunas consideraciones, no siempre se hace, pero creemos que lo mas importante es que mantengan o intensifiquen la comunicación con el propio gobierno, que muestren una presencia y presión en torno al protocolo", remarca Tufró.
Por último concluye que "el protocolo es claramente inconstitucional, ningún juez quiso expedirse sobre el tema, es una excusa política, se lo invoca para reprimir una protesta, es un vicio para darle paralegalidad a estas decisiones".
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