En un contexto de pérdida de poder adquisitivo superior al 50% desde que empezó el gobierno de Javier Milei, sindicatos discuten la posibilidad de una medida de fuerza más extendida.
“Nuestro cargo testigo, que es el de ayudante primera con semi dedicación, está cobrando un básico de 280 mil pesos, por debajo de la indigencia. A partir de ese puesto se establece toda la grilla salarial, tenemos el salario licuado”, describe Guillermo Casas, parte de ADULP
En conversación con Los Mundos Posibles, Casas explica que “debemos ser el sector del Estado más golpeado en ese rubro, todos los sueldos están hundidos, incluso los más altos de profesores titulares con mucha dedicación, ahora serían afectadas por la reposición del impuesto a las ganancias”.
Sobre la aprobación de la Ley Bases, que restituye cargas impositivas, el docente afirma que “el salario no es ganancia, y esto no solo afecta a la universidad, porque afecta a muchas sectores de trabajadores”, y remarca que “hay una cuestión absolutamente irregular de que el impuesto es votado por una sola cámara, porque el Senado lo rechazó”.
“Hemos desperdiciado el impulso que nos había dado esa gigantesca marcha (en defensa de la Universidad Pública), pero el problema tiene que ver con el rol que están jugando las direcciones sindicales, no se puede ir a una administración de las medidas de fuerza, en cuotas, que desorganiza a la gente, que no da el mensaje de que la cosa va a enserio, entonces el gobierno solo pasa el mal trago de una marcha grande”, asegura.
“Está claro que si las medidas no son progresivas, se van profundizando hasta conquistar lo que uno reclama, son testimoniales. La gente, los estudiantes y no docentes se dan cuenta de eso”, concluye Casas.
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