Desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) aseguran que el Gobierno solo busca “perseguir y criminalizar a la gente pobre cuando se organiza”. La Justicia rechazó a la ministra como querellante.
“Hasta ahora accedimos a un parte de la documentación, no a todo. Estamos en vinculación con los demás compañeros de las otras organizaciones involucradas, con eso fuimos viendo parte de lo que está en expediente. Vemos irregularidades, faltan muchos argumentos”, señala Florencia Marty, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
“Es una clara persecución política porque están muy flojas de papeles las acusaciones, muy descontextualizadas. Se nota que no conocen el funcionamiento de los programas, se mencionan cuestiones que no tienen que ver con la causa, pero son en clave de mostrar algún simbolismo político”, asegura Marty en Los Mundos Posibles.
Los allanamientos son parte de una investigación que empieza a partir de una denuncia impulsada por el Ministerio de Seguridad, basada en presuntos llamados a la línea 134 por la movilización del 20 de diciembre de 2023.
“Lo que hacen es abonar a la construcción mediática de estigmatizar a las organizaciones sociales y políticas que luchan. Seguir colaborando con la idea de un enemigo interno, con la fragmentación de la clase trabajadora en horizontal”, explica la entrevistada.
El juez Sebastián Casanello rechazó la solicitud de Patria Bullrich para ser querellante en la causa que investiga por “extorsión” y “coacción” a las organizaciones sociales.
Sobre la decisión del magistrado, Marty remarca que “es una muestra más del sentido político de esta operación, hay causas que al Ministerio ni le importan y en ésta hay una decisión de perseguir y criminalizar a la gente pobre cuando se organiza”.
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