El presidente electo Javier Milei contempla la suspensión de la pauta para medios durante un año. La decisión afectaría el acceso a la información gubernamental por parte de la ciudadanía.
“Es una de las pocas cosas que dijo Javier Milei en su campaña presidencial sobre su potencial política de comunicación, su afirmación constante era que existía periodistas pauta-dependientes y que se las iba a cortar”, recuerda Agustín Espada, investigador del Conicet y director de maestría de la Universidad Nacional de Quilmes.
En esa misma línea, el investigador agrega que, hasta el momento: “Lo que sabemos es que hay algunas autoridades designadas en el área de comunicación, prensa, medios, que vienen de distintos lados. Después están los trascendidos periodísticos, Milei no dijo nada, tras ser presidente electo, en materia de publicidad oficial, sí iba a privatizar los medios estatales, pero no tenemos una certeza, si va a suceder y qué impacto va a tener”.
En conversación con Los Mundos Posibles, Espada advierte que “si el Gobierno decidiera quitar la publicidad de los medios de comunicación rápidamente sería llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar la libertad de expresión”, y explica que en este debate “lo que se plantea es que quienes tienen derecho a la publicidad oficial son los medios, se da una discusión económica pero el principal efecto es, o debiera ser, cumplir o garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, que tienen derecho a saber qué está haciendo el Gobierno, sus principales campañas en educación, salud, infraestructura”.
Quitar la publicidad oficial llevaría a violar el derecho a la información de los ciudadanos, que no es solo la garantía de expresarse, sino acceder a información de diferentes tipos. Este costado social sería violentado".
“Quitar la publicidad oficial llevaría a violar el derecho a la información de los ciudadanos, que no es solo la garantía de expresarse, sino acceder a información de diferentes tipos. Este costado social sería violentado si se quitara”, agrega el entrevistado.
Diana Mondino, economista y futura canciller del gobierno de La Libertad Avanza, a través de su cuenta de twitter, consideró que “no se puede cobrar impuestos para intentar distorsionar la realidad, si el Estado subsidia a los medios, naturalmente estará limitando la libertad de expresión, excelente decisión de Milei: si no hay más plata, se elimina la pauta oficial”.
Espada cree que los funcionarios del nuevo Gobierno “tienen una mirada netamente economicista, para ellos la intervención estatal genera distorsiones en el funcionamiento de diversas áreas, y que por lo general los que tienen derecho son las empresas y no los ciudadanos, es una síntesis de esa visión, además de un desconocimiento total”.
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