La escalada mediática de la causa Vialidad, que involucra a la vicepresidenta Cristina Fernández en lo que muchos consideran una persecución política por parte de la Justicia, habilita una discusión sobre este concepto jurídico utilizado para alterar el orden democrático.
Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) y Magister en Derechos Humanos, se refiere a la causa Vialidad que investiga una presunta corrupción en la obra pública: "Es una causa que tiene varias inconsistencias desde lo jurídico, que tienen que ver con esta figura nefasta de la 'asociación ilícita', y la injerencia del imperio sobre uno de los poderes del Estado".
"La judicialización de la política es un problema, se altera el orden democrático y el normal funcionamiento del Estado. La figura de asociación ilícita es elástica, sirve para todo, se puede aplicar en concurso con otras figuras. Además tiene una pena en expectativa, que llega hasta los 10 años, que lógicamente por su gravedad motiva prisiones preventivas y someter a las personas a procesos que no son ex carcelables. Es una deuda de la democracia derogarla", explica en Los Mundos Posibles.
Iraola considera que el concepto redunda en una "pereza probatoria", porque no es necesario ir al fondo de la cuestión para ver cómo se evidencia la prueba, porque puede ser una reunión de dos o tres personas que se juntan con la intención de planificar un delito. La caracterización es tan amplia y distancia de la dogma penal en relación a comprobar el hecho.
En ese sentido, el entrevistado va más allá del eje en cuestión y considera que "se está jugando un partido en orden de la geopolítica y tiene que ver con condicionar a los movimientos de masas en la región, en América Latina, en relación a la posibilidad de desarrollarse por vía del litio, insumos y bienes de que disponemos y motivan la tensión del imperio".
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