Asamblea anual del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura

El organismo que monitorea al Sistema Penitenciario se encuentra realizando su balance 2020. Las medidas para contener la propagación del corona virus y el éxito del Programa de Prevención y Solución de Conflictos son los datos sobresalientes. Preocupación por el crecimiento sostenido de la superpoblación carcelaria.

Josefina Ignacio, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,se enlazó vía telefónica con el aire de #FuturaEnCasa donde explicó que la Asamblea anual, que nuclea a todas las instituciones, públicas y privadas que tienen que ver con el sistema nacional de prevención de la tortura, trabaja específicamente sobre cuatro ejes: “El diagnostico de las unidades penales; la relación con la sociedad civil, de qué manera las organizaciones de cada jurisdicción pueden interactuar de manera cooperativa con el Estado y los organismos de control; la visibilización de las buenas prácticas, entre ellas la de los Comités de Prevención y Solución de Conflictos; y por último, los desafíos para el año que viene”.

Fue un año donde todas las dificultades se potenciaron, si a nosotros en el contexto libre todo se hizo más difícil, imaginensé para una persona privada de su libertad”, expresó la comisionada antes de rescatar uno de los aspectos positivos de este 2020: “Contra todo pronóstico sobre lo que iba a pasar con respecto a la salud de las personas privadas de la libertad, si comparamos con otros países, tenemos índices muy bajos de Covid en las cárceles y esto fue gracias a la actitud de las personas privadas de su libertad que fueron los primeros que asumieron este peligro que había para la salud de ellos y de sus familias y decidieron no recibir visitas mucho antes que se decretara oficialmente”.

Para Ignacio, otra cuestión a destacar fue el uso de celulares que habilitó el juez Mario Alberto Juliano: “Una medida compensatoria de la restricción de las visitas que ayudó muchísimo a que la cuarentena en las cárceles transcurrieran de manera más o menos pacífica”.

En cuanto al Programa de Prevención y Resolución de Conflictos, la comisionada explicó que “el primer Comité comenzó a funcionar en Batan hace más de un año, teníamos bastante incertidumbre sobre lo que iba a pasar con el cambio de gestión, pero por suerte se decidió continuar con el programa,  entendemos que va a convertirse en una política de Estado de la provincia de Buenos Aires más allá de quien gobierne porque no sólo continúa funcionando sino que también ha sido fortalecido y profundizado al punto tal que ya está funcionando en todas las unidades de la provincia”.

A modo de cierre, la entrevistada señaló cuál es el gran desafío que tiene el Comité para el año próximo: “No podemos pensar en una cárcel diferente, que garantice derechos, con los niveles de sobrepoblación que tenemos. Es imposible pensar en educación en una cárcel que tiene capacidad para 800 personas y aloja a 2000. No hay cupo, no hay forma, hasta en lo más elemental, las cloacas están pensadas para 800 personas donde viven 2000. Todo está sobrepasado, todo está desbordando. Hay que trabajar en humanizar las cárceles, promover el buen trato y garantizar derechos, pero si no empezamos a despoblar las cárceles va a ser dificilísimo sostener todo lo otro”.

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