El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad accedió a postergar la orden judicial mientras se busca reubicar a las 2500 familias que se encuentran asentadas en el predio.
Rosario Fernández, integrante de la Gremial de abogados y abogadas de la república argentina, el equipo de profesionales que están acompañado a las familias que tomaron las tierras en Guernica, se enlazó vía telefónica con el aire de #FuturaEnCasa donde explicó las dificultades que se vivieron en la jornada del martes, a horas de que el desalojo ordenado por el juez Martín Miguel Rizzo, titular del Juzgado de Garantías N°8, se hiciera efectivo: “Fue un día bastante tenso en todos los aspectos, por un lado, nosotros habíamos pedido una suspensión, y por otro, los abogados de los particulares damnificados solicitando que se cumpla con la orden del juez de hacer el desalojo. Nos enteramos que el ministro de Desarrollo solicitó la postergación hasta el 1 de octubre ya que no se había podido dar cumplimiento al plan de contingencia que ellos habían presentado”.
“Estábamos yendo a la audiencia al Ministerio de Desarrollo y me llegó la resolución del juez que consideró que frente a la situación de toda la gente vulnerable que se encuentra en el predio, se tenía que habilitar una prórroga para ver si el Estado provincial puede zanjar esos problemas y no llegar a un desalojo de forma violenta”, expresó aliviada Fernández. Sin embargo, el aplazamiento del desalojo deja un espacio acotado para trabajar una solución de conjunto entre los Gobiernos nacional, provincial y municipal, más si se tiene en cuenta la la falta de voluntad política de Blanca Cantero, intendenta del partido de Presidente Perón, y la intransigencia del fiscal Juan Condomí Alcorta, a cargo del Juzgado de Garantías N° 8 de Cañuelas.
Según lo describió la letrada, los pasos a seguir incluyen el cierre definitivo del censo poblacional, la inscripción en un listado acorde a las contingencias grupales y la promesa de una solución habitacional de parte del Ministerio de Desarrollo para los ocupantes, que deberían retirarse del predio: “Esto fue ampliamente discutido, se los inscribe en el registro y a cambio se retiran, ellos garantizan un sistema de asistencia en el mientras tanto, pero la verdad es que no sabemos ese mientras tanto cuánto es, qué es, nosotros nos opusimos porque ya estamos cansados, mucha de la gente que está acá ya fue anotada, ya le prometieron y no se cumplió nada, la postura fue si no hay una relocalización de esta gente, la gente no se va a retirar”.
Fernández no ocultó la alegría generalizada a raíz de la prorroga que se otorgó desde la justica, pero aseguró que todavía falta mucho por hacer: “Contamos con muy poco tiempo para que el Ministerio de Desarrollo otorgue una propuesta concreta, clara, que conforme a todas las partes, eso me preocupa ahora, es muy poco tiempo y mucho trabajo, veo mucha predisposición de parte del Gobierno provincial para que esto no se desmadre en un desalojo violento pero lo que no veo son recursos, o las ganas de buscar recursos, no puedo creer que en la provincia de Buenos Aires no haya tierras fiscales para poder ubicar a la gente”.
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