La toma afronta horas decisivas debido a la inminente orden para desalojar y la falta de voluntad política para solucionar el drama habitacional de 2500 familias.
Rosario Fernández, integrante de la Gremial de abogados y abogadas de la república argentina, el equipo de profesionales que están acompañado a las familias que tomaron las tierras en Guernica, se enlazó vía telefónica con el aire de #FuturaEnCasa donde explicó que la orden de desalojo firmada por el juez Martín Miguel Rizzo, titular del Juzgado de Garantías N°8, se hará efectiva mañana y los días subsiguientes ante el fracaso de las negociaciones políticas con los gobiernos nacional, provincial y municipal: “El fiscal ya solicitó personal policial y a la gente de Edesur para poder efectuar los cortes de luz, y en relación a cómo se va a instrumentar el desalojo, el fiscal dijo que eso era secreto, que no podía revelarlo por una cuestión de seguridad”.
La letrada señaló la falta de voluntad política de Blanca Cantero, intendenta del partido de Presidente Perón, y la intransigencia del fiscal Juan Condomí Alcorta, a cargo del Juzgado de Garantías N° 8 de Canueñas, como los dos obstáculos centrales para lograr un acuerdo en la mesa de diálogo que tuvo lugar durante la jornada del lunes: “Después de la audiencia de ayer la Gremial pidió una nueva suspensión porque todavía no se cumplió el plan de contingencia que había presentado el Ministerio de Desarrollo, ellos presentaron un plan con una primera etapa de censo y una segunda etapa de relocalización, y todavía no se terminó el censo, en base a eso estamos pidiendo que se deje trabajar el Ministerio y en base a lo que surja vemos si se hace el desalojo o no se hace”.
“Quedó claro que esto no se puede solucionar judicialmente, acá tenemos 2500 familias, 3000 criaturas, hacer un desalojo va a generar problemas que todos nos vamos a lamentar, quedo más que claro que esto es un problema político, la justicia tiene que tratar de coordinar entre los gobiernos provincial, nacional y municipal cómo podemos darle una solución a esta gente”, expresó Fernández en tono de preocupación.
A modo de reflexión, la abogada subrayó la necesidad de “pensar más allá de la propiedad privada, pero en este Estado capitalista vale más un pedazo de tierra que proteger a 3000 criaturas que no saben, que no entienden, que no son los adultos que fueron a hacer la toma porque no tienen terreno”.
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