Las medidas de seguridad que la justicia ha impuesto sobre el régimen de prisión domiciliaria suponen un atropello constitucional.
Paula Álvarez Carrera, parte del equipo de abogados que sigue la causa de Milagro Sala, explicó en el aire de RAP que el juez no quería conceder la prisión domiciliaria que le recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que impuso tantas restricciones al cambio de modalidad del cumplimiento de la preventiva que terminó desvirtuando esta resolución.
Controles de gendarmería, policía de la provincia, cámaras de seguridad y restricción a las visitas son parte del régimen que se le ha impuesto a la referente de la Tupac Amaru. En palabras de Álvarez Carrera: "Las personas que son sometidas a prisión domiciliaria no pueden estar sujetas a control de fuerzas de seguridad, eso está prohibido por la ley".
"La pulsera electrónica a cargo del Patronato de Liberados es la única institución que debería estar interviniendo", señaló la abogada.
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