El proceso se inició en 2014 y terminó la pasada en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. Fueron encausados un total de veinticuatro personas entre los cuales se contaban cuatro jueces penales.
Pablo Salinas, representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y abogado querellante en la causa, explicó que en este proceso se juzgó de manera ecuánime el proceder del ejército, penitenciaria, policía y la complicidad civil de los magistrados. Entre los imputados del poder judicial se encuentran Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Luis Miret y Otilio Roque Romano.
Salinas detalló en qué forma colaboraron los jueces con la dictadura: "Cuando a la justicia federal llegaba un habeas corpus del familiar dando una noticia criminis de que su familiar había sido secuestrado y quiénes habían sido los que lo habían llevado, ese expediente se archivaba en forma inmediata con lo cual garantizaban que los grupos de tareas siguieran actuando con total impunidad".
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