Es por el reclamo que los referentes gremiales de ATE y CTA-Autónoma de Río Negro encabezaron el pasado 24 de mayo en las puertas de la legislatura, en repudio a la deuda millonaria que implicó la aprobación del Plan Castello.
"La caratula del procesamiento es coacción agravada, es una imputación que no se había producido en la época de democracia, es cuando uno con un acto voluntario le impide a alguien que obedezca o cambie alguna decisión, en este caso era una protesta, no fue tomada la legislatura en ningún momento, ni se lo increpó a ningún legislador para que cambie la decisión de su voto, porque ya sabíamos que estaba decidido", dijo Aldo Capretti, secretario adjunto de ATE-Río Negro, a modo de defensa al aire de RAP.
Capretti manifestó que el próximo paso será "apelar lo que dictaminó el juez Mussi y esta apelación entra en la Cámara Criminal uno, en la cual tendrían que fijarse un tiempo para llamar a las partes y poder exponer cuales son las razones por las que se nos imputa a nosotros, después seguramente que la cámara tendrá que dictaminar en las apelaciones de la otra parte, creemos que va a ser un proceso largo, complicado".
"A nosotros se nos impuso algunas restricciones por parte del juez, si bien el procesamiento es en libertad, tenemos que presentarnos una vez a la semana a firmar en el destacamento del barrio, no podemos salir de la provincia sin antes avisar, no podemos tener contacto con los testigos ni con los policías que estuvieron, es una situación bastante difícil", resumió Capretti.
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