El Estado argentino debió dar respuestas acerca de sus políticas públicas en materia de género

Desde Ginebra, Leah Tandeter de Amnistía Internacional, brindó detalles sobre la auditoria del Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ante representantes de organismos internacionales de Derechos Humanos y representantes del Estado argentino.

Para esta instancia internacional, organizaciones sociales como el CELS, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires elaboraron un informe acerca de la situación de salud sexual y reproductiva, aborto, violencia de género, acceso a la justicia e igualdad de género en el país.

arton58583-0b6bb"Desde Aminstía Internacional no podemos dejar de mencionar el contexto de este informe. Recientemente, ha habido fuertes movilizaciones en el marco de la organización de Ni Una Menos que, justamente,  busca visibilizar la gran cantidad de femicidios que se han producido en el país y la falta de implementación de políticas públicas tendientes a combatir esta situaciòn", expresó Leah Tandeter referente de Amnistía Internacional, desde Suiza.

Entre las principales preocupaciones de los organismos figuran:
-La disparidad para el acceso al aborto no punible: la implementación a nivel nacional de esta práctica depende de la jurisdicción donde la mujer resida y su aplicación es muy dispar en el territorio
-Falta de producción de información sobre estas situaciones de violencia de género y abortos no punibles

Monitoreo internacional

El Comité Cedaw está compuesto por 23 expertas y expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo.

Argentina ha ratificado esta convención y, como Estado miembro, cada 5 años, se somete a la evaluación del comité acerca del grado implementación de los derechos allí reconocidos. Luego de este proceso, se emiten recomendaciones cuyo cumplimiento se analizará en el lustro siguiente.

"El país tiene un historial muy fuerte en materia de derechos humanos y siempre se ha sometido a estos mecanismos. Somos un país que tiene una buena legislación federal, pero uno de los principales problemas es la implementación de la ley en las provincias y que todas se acojan a los estándares nacionales", remarcó.

Además, Tandeter se refirió a la reciente decisión de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal de dejar sin efecto el protocolo para la atención de abortos no punibles: "Las integrantes del comité ya estaban informadas y quisieron conocer más este retroceso sobre la implementación del aborto legal en la provincia (...) Buenos Aires no está garantizando el acceso a la interrupción voluntaria de embarazo en los casos previstos".

Otros de los temas en debate durante la jornada fueron la situación de la presa política Milagro Sala, la actual composición de la Corte Suprema de la Nación y el proyecto de ley acerca de la paridad de género en el Poder Legislativo.

En 15 o 20 días se darán a conocer las recomendaciones del organismo internacional al Estado argentino: "estamos expectantes de este documento para monitorear su implementación a nivel local".

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