Una ley nacional contra la discriminación fue el reclamo de la Marcha del Orgullo

Orgullo LGTBMiles de personas marcharon por las calles del centro porteño el sábado 7 de noviembre de la edición número 24 de la Marcha del Orgullo LGBTIQ. Esta vez, la consigna protagonista fue el pedido de reforma de la Ley Anti discriminatoria que, vigente desde 1988, no incluye la discriminación por orientación sexual o identidad de género.

La convocatoria se realiza desde 1992 y todos los años una consigna la encabeza. La reforma de la Ley de discriminación es un reclamo que existe desde el inicio, sin embargo,  pese a los avances legislativos en materia de derechos para la comunidad LGTBIQ, tales como la Ley de Identidad de Género, el Matrimonio Igualitario y la Ley de Fertilización Asistida, aún no se ha efectivizado.

En comunicación con RAP Todo Terreno, Greta Pena, Presidenta de la organización 100% Diversidad y Derechos, dijo “es una marcha muy particular porque por un lado, es de celebración y de festejo, por lo conquistado y para defender lo conquistado y por otro, es para reclamar por los derechos que faltan”.

La Ley Antidiscriminatoria contempla la discriminación por religión, nacionalidad, condición social, entre otras, pero no por identidad de género u orientación sexual. “Que no estén incluídas genera que en casos de extrema violencia a personas LGBTIQ no se encuadre en crimen de odio, y que no cumpla con el rol simbólico que tiene las leyes de este tipo”, afirmó Pena.

La organización 100% Diversidad y Derechos, en conjunto con la Comunidad Homosexual Argentina, presentaron nuevamente este año una presentación ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar el tratamiento del proyecto de modificación de esta ley.

El proyecto además de incluir la orientación sexual y la identidad de género como motivos de discriminación, postula mecanismos más sencillos para denunciar este tipo de discriminación. Pena explicó: “lo que pedimos es que se realice la inversión en la carga de prueba, lo que significa que la persona denunciada es la que tiene que demostrar que no discriminó, no la denunciante, ya que es muy complicado para la víctima comprobar que fue discriminada, siendo esta una situación de asimetría de poder”.

“No queremos un aumento de penas, queremos que casos como el asesinato de la compañera Diana Sacayán sean investigados, caratulados y condenados como crimen de odio", concluyó Pena.

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