"Un preso gana más que un jubilado". La frase resonó en distintos medios de comunicación y discursos de candidatos durante la semana pasada. Mario Alberto Juliano, director de la Asociación Pensamiento Penal y Juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea desmintió esa afirmación y consideró que “el trabajo en la cárcel debe ser promovido e incentivado.”
Luego de que el gobierno anunciara el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil a $6.060, la consigna que trascendió y desató la polémica fue que “un preso ganaría mas que un jubilado”. Juliano sostuvo que esta frase pretendió instalar que “un detenido cobrará un sueldo por el solo hecho de estar privado de su libertad.” Aclaró que "los que perciben remuneración son aquellos que trabajan. Todo trabajo humano debe ser remunerado, si no, es esclavitud"
Juliano detalló que “sólo quiénes perciben un aumento del salario mínimo son aquellos que se encuentran alojados en establecimientos federales. De los 65 mil presos que hay en la República Argentina, los que están alojados en cárceles federales son solamente 15 mil. Los presos que trabajan en el ámbito federal, son solamente un 30 % del total de la población penitenciaria, es decir, son unas 4 mil o 5 mil personas que percibirían 6 mil pesos por el trabajo que realizan, ya sea para el Estado o para tercera personas, como empresas”, continuó explicando Juliano
El juez manifestó que la Asociación Pensamiento Penal está a favor del trabajo en las cárceles y argumentó que “ha reducido los índices de reincidencia de aquellas personas privadas de la libertad que han obtenido trabajo, como también de las personas que estudian”. En ese sentido, recordó la experiencia de Punta de Rieles, la cárcel uruguaya que funciona como un pueblo y garantiza los derechos a la educación, al trabajo, al deporte, a la cultura y la recreación de los detenidos, en la que “el índice de reincidencia de las personas que salen en libertad es del 3%.”
Trabajo en las cárceles de Argentina
Respecto a los trabajos que realizan los detenidos dentro de la unidad penal, Juliano contó que “por un lado, está el trabajo para el Estado, por ejemplo, la cocina, el mantenimiento del establecimiento, la limpieza y las refacciones. Por otro lado, el trabajo para los comerciantes que se establecen dentro de las cárceles, este es un trabajo poco calificado pero que permite que la población carcelaria mantenga tiempo ocupado. Por ejemplo, se instalan lavaderos industriales, plantas procesadoras de tomate triturado, panificadoras, se fabrican bloques para la construcción."
También describió las irregularidades en las que las empresas ofrecen empleo dentro de las instituciones: “los presos cobran alrededor de 5 mil pesos, un importe menor al salario mínimo. Además las empresas no tributan para la seguridad y previsión social, es decir, no hay obra social, ni aportes jubilatorios. El trabajo con salarios por debajo de las escalas establecidas se llama explotación."
¿Qué dice la ley?
La Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, menciona que “el trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases del tratamiento y tiene incidencia en positiva en su formación." Si bien esta ley es de carácter nacional, el trabajo en cárceles no está regulado en las provincias.
La norma además designa la retribución que los presos recibirán por su trabajo de la siguiente manera: el 10% está destinado a la reparación del daño que ocasionó el delito; el 35 % destinado a los alimentos para los privados de libertad; un 25% está destinado a costear los gastos que implica la estadía del interno dentro del establecimiento; y por último, un 30 % va a un fondo que el trabajador recién percibirá el día que recupere la libertad.
Según Juliano, una de las cifras mas cuestionadas es el 25% destinado a sufragar los gastos que el detenido causara en la unidad penal. El Juez expresó que "con este porcentaje se establece una profunda desigualdad entre los presos que trabajan y los que no. Esto alentaría a no trabajar, porque de todos modos te mantiene gratuitamente el Estado y a los que sí lo hacen les descuentan un 25 % de su fuerza de trabajo. Además, es un deber del Estado solventar la situación de todas las personas a los cuales ha dispuesto privar de su libertad y esto no se puede transferir a terceras personas."
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