La Defensoría del Pueblo bonaerense publicó un adelanto del informe 2015 sobre violencia de género. Señalan que es preciso hacer una inversión en este área, capacitación del personal de seguridad, coordinación con dependencias estatales y la erradicación del maltrato policial. Así lo explica Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género del organismo.
Según apuntan desde el Observatorio, no hay definiciones políticas en consonancia con la gravedad de la situación en materia de violencia de género. "A dos meses de la marcha ´Ni una menos´ no hemos conocido ni en el ámbito de la provincia ni en el ámbito nacional lineamientos de lo que ha sido el reclamo masivo de planes integrales de atención nacionales y provinciales, no es un tema debatido en la agenda electoral", plantea Laurana Malacalza.
"Hay una ineficacia del Estado para poder hacer cumplir las medidas que dicta la Justicia. Es preciso analizar qué pasa en el sistema de protección y atención que hace que los femicidios sigan ocurriendo y lograr que esta situación de impunidad que sienten las mujeres y sus familiares encuentren alguna explicación", puntualizó la coordinadora del Observatorio.
Una de las fallas estructurales en el abordaje de casos es la falta de la articulación entre la Justicia y las fuerzas de seguridad: "Hay que avanzar en articulaciones concretas que queden plasmadas en acuerdos, convenios y resoluciones", señaló.
Una vez que se dictan las medidas de protección judiciales no se hacen seguimientos de su cumplimiento, no hay mecanismos de monitoreo en torno a los agresores y es muy difícil hacerlas efectivas. En la mayor parte de los casos, son las mismas víctimas las que deben hacerse cargo de ese cumplimiento (como ocurre con la aplicación de los botones antipánico), a lo que se suma la falta de registros institucionales, ya que, por ejemplo, las resoluciones de la Justicia no se asientan en las comisarías y deben ser llevadas a las respectivas dependencias policiales por las víctimas.
Otra de las problemáticas a resolver en ese marco es el dictamen de fallos genéricos que no respetan las particularidades de cada caso.
En marzo de 2009 se sancionó la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, para abordar los distintos tipos de violencias ejercidas contra las mujeres, entre las que se incluyen la doméstica, institucional, de libertad reproductiva y obstétrica, mediática y laboral. Una de las consignas de la marcha "Ni una menos" fue el cumplimiento pleno de esta legislación.
El femicidio de María Belén Morán ocurrido hace dos semanas en Pilar es un claro ejemplo del fracaso en la protección y atención a víctima de violencia de género. Al momento de su asesinato, ella llevaba en su cartera la orden de prohibición de acercamiento contra su ex pareja, Alberto Sebastián Moreno, principal sospechoso del hecho. La restricción perimetral era de 500 metros, sin embargo, el hombre vivía a una cuadra y media de su casa. Belén había conseguido la medida hacía una semana pero, como en otros casos, no fue suficiente.
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