Fue presentado por Alejandrina Barry, víctima de una operación mediática por parte de la Editorial Atlántida en 1977, y diversos organismos y personalidades de los DDHH. La causa contra la empresa periodística se encuentra paralizada. Con esta medida se exige su reactivación y el avance en el juzgamiento e investigación de grupos civiles y empresariales responsables de otros casos, enmarcados en el gran operativo mediático montado para legitimar el terrorismo de Estado.
Se trata de un recurso judicial cuyo nombre viene del latín y significa “amigos de la corte”. Consiste en un aporte voluntario que realizan terceros, ajenos a la causa, y que da cuenta de su punto de vista con el fin de colaborar con la resolución.
Alejandrina tenía 3 años en diciembre de 1977, cuando las fuerzas conjuntas de las dictaduras de Argentina y Uruguay asesinaron a sus padres, Susana Mata y Juan Alejandro. Ella contó que fue secuestrada y su fotografía ilustró notas de la revista “Somos”, “Gente” y “Para Ti”, que la presentaban como una niña abandonada por sus padres “monstruos” “terroristas”, con una madre que se habría suicidado en frente de ella y un padre “muerto en un enfrentamiento”. Luego la entregaron a sus abuelos.
En el aire de Rap, Alejandrina aclaró que no se trata de un caso aislado, sino de una operación enmarcada en relaciones de participación conjunta entre civiles, militares, y grupos económicos que hoy conservan su poder.
Además, dijo que la dificultad a la hora de investigar es la clausura de los archivos que contienen la nómina de todos los ciudadanos que participaron activamente en la dictadura cívico militar del 76, y que en estos casos la tarea de conseguir pruebas recae sobre los familiares de las víctimas, mientras que los grupos económicos continúan impunes.
