La CPM alerta sobre la “grave crisis” de los Derechos Humanos en la Provincia

carcelLa Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe anual 2015 sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad implementadas en territorio bonaerense en el período 2013-2014. Confeccionado por los equipos de las áreas del Comité contra la Tortura y de Justicia y Seguridad Democrática, el informe da cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas en cárceles, institutos de menores y neuropsiquiátricos; denuncia el hacinamiento en comisarías y el ejercicio de la violencia policial; y advierte sobre el crecimiento de la tasa de encarcelamiento, que registra actualmente el mayor índice en la historia de la Provincia.

Roberto Cipriano García, pro-secretario de la CPM, señaló en diálogo telefónico con Comunidad al Palo! que existe una “grave crisis” en materia de derechos humanos. “Cuando el sistema penal es desmedido y las políticas sociales se subsumen a las de seguridad se deteriora la democracia y se alimentan peligrosamente ideas autoritarias”, manifestó García, a la par que atribuyó el agravamiento de la situación al reclamo de mano dura sostenido por algunos sectores de la sociedad y amplificado por los medios de comunicación hegemónicos.

El informe, titulado “El sistema de la crueldad”, consigna en su introducción que hay en la actualidad 35.000 detenidos en lugares de encierro y que se produjeron allí 548 muertes por acción u omisión del Estado. Además, recoge 20.986 denuncias de torturas o malos tratos en las instituciones que conforman el sistema de encierro. Este aumento del punitivismo, señalan las autoridades de la CPM, tiene relación directa con la declaración de la emergencia en seguridad decretada por el gobierno provincial en abril de 2014.

Hacia una seguridad democrática

García analizó también las diferentes propuestas de políticas públicas para consolidar un sistema de seguridad democrático que respete las garantías constitucionales. Una de ellas apunta a la implementación de la Policía Judicial, cuerpo creado por ley en 2012, pero que aún no se ha puesto en funcionamiento.

La inexistencia de este órgano genera que sea la Policía Bonaerense la que se arrogue facultades investigativas propias la Justicia, lo cual deriva en detenciones arbitrarias y selectivas. En ese sentido, García denunció un fenómeno de creciente “policialización de la justicia” provincial y afirmó que “se construye el delito a partir del olfato policial, que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

El informe de la CPM revela que el 90 por ciento de las causas que se tramitan en el ámbito tribunal provincial son casos de personas que la Bonaerense lleva ante los jueces; sólo el 10 por ciento restante corresponde a detenidos por orden judicial fundada en investigación previa. García alertó además sobre la “relación directa que hay entre la policía y el delito complejo” y sostuvo que “las fuerzas policiales y penitenciarias son instituciones que no han sido democratizadas”.

Por otra parte, consultado sobre la posibilidad de ejercer un control ciudadano sobre las fuerzas de seguridad, el pro-secretario de la Comisión calificó de “importante” toda propuesta que promueva una apertura hacia la ciudadanía”, al tiempo que remarcó la necesidad de crear un comité nacional para la prevención de la tortura que debe configurarse como un “mecanismo autónomo de control” y contar con los recursos necesarios para actuar de manera eficaz.

Respecto al funcionamiento de Fiscalías Especializadas en Violencia Institucional en el ámbito del Ministerio Público bonaerense, creadas por ley provincial en enero de este año, García consideró que son dispositivos importantes pero advirtió que deben estar controladas por “personas comprometidas con los derechos humanos” y que la elección de los postulantes a esos cargos debe efectuarse “de manera transparente y pública”. A su vez, destacó que los familiares de aquellos que sufren la violencia institucional también son víctimas y que deben constituirse como “sujetos políticos” para reclamar soluciones.

informe comiteUn cambio cultural

La toma de conciencia sobre la problemática de las violaciones a los derechos humanos y la participación de la sociedad en el debate fue otro de los ejes abordados por García, que expresó que la vulneración de derechos se agrava porque la sociedad legitima el endurecimiento de las penas que conducen a un “colapso” en esa materia. Para alertar sobre el crecimiento de las políticas punitivas, detalló que antes de que Alejandro Granados asumiera como ministro de Seguridad provincial en agosto de 2013 se detenían mensualmente un promedio de 2400 personas; al mes siguiente de su asunción, esa cifra se incrementó hasta llegar a 3200.

Por tal motivo, el funcionario de la entidad que desde 1999 lucha contra la violencia institucional y brega por la consolidación de un estado democrático manifestó que los informes anuales de la CPM “son un aporte a los poderes públicos estatales pero también una mirada crítica sobre lo que pasa para lograr que la sociedad se conmueva con estos temas y los discuta” porque “muchas veces está invisibilizados”.

 

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