La Asociación Pensamiento Penal, dirigida por el juez Mario Juliano, presentó una propuesta inspirada en la experiencia de Punta de Rieles, una cárcel uruguaya que funciona como un pueblo. Rolando Abresún, fundador y ex director de esa unidad contó que allí se busca “humanizar las cárceles y garantizar los derechos de los detenidos”.
La cárcel de Punta de Rieles fue puesta en funcionamiento en el 2010 en Montevideo, la capital uruguaya. Rolando Abresún es uno de los artífices y el ex director de esta institución que funciona como un pueblo y que garantiza los derechos a la educación, el trabajo, el deporte, la cultura y la recreación de los detenidos. Abresún destacó que “el objetivo es que sea la punta de lanza de un proceso de transformación del sistema penal uruguayo” y agregó que el éxito de esta experiencia hizo que el modelo se extendiera a otras cárceles uruguayas.
Los guardias han sido reemplazados por “operadores penitenciarios”, que se encargan del funcionamiento interno y cotidiano del penal. Quienes ocupan estos nuevos cargos son personas que no portan armas y tienen una formación orientada al trabajo social, la psicología y los derechos humanos. Los agentes policiales se dedican únicamente a vigilar los alrededores y controlar el ingreso a la unidad.
La cárcel también garantiza el derecho al trabajo de los detenidos. Hay emprendimientos laborales de tres tipos: los que han instalado los mismos presos, los de empresarios privados y los del Estado.
Abresún describió un día en la unidad penal Punta de Rieles: “uno observa la lógica del movimiento de pueblo. La gente se levanta y va a trabajar, hay comercios. Son alrededor de 500 personas privadas de libertad que tienen horarios de trabajo, de estudio, actividades deportivas, y luego el retornan a sus casas dentro de la unidad”.
Otro de los objetivos de Punta de Rieles es que los prisioneros aprendan a sindicalizarse para defender sus derechos como trabajadores. Abresún aseguró que “hay una visita permanente de diferentes sindicatos”, y agregó que la cárcel “busca generar mas espacios de ciudadanía, que los prisioneros tengan la capacidad de disentir, de defender sus derechos. Este es un aprendizaje al que no han podido acceder antes”.
Hacia la libertad
Según Rolando Abresún, de Punta de Rieles salen en libertad aproximadamente cien personas por mes. Aseguró que “se debe al mismo proceso de transformación ya que los hombres que trabajan y estudian pueden redimir sus penas”.
Los únicos condenados que no pueden ir a Punta de Rieles son los que han cometido delitos vinculados al crimen organizado, es decir, narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero.
Además, la cárcel cuenta con un espacio de pre-egreso, donde se diseña un plan de apoyo para los presos que les queda aproximadamente un año y medio para cumplir su condena, de modo que cuando salgan no se encuentren solos.
Abresún adelantó que “a fines de de junio se creará una institución que va a funcionar como centro de liberados. Las personas que cuando salen de la cárcel no tengan donde dormir y no puedan acceder a los refugios que brinda el Ministerio de Desarrollo Social, podrán ir a este centro durante un mes para que no tengan que vivir en la calle, que es uno de los factores que pueden llevar a reincidir”. En caso de crearse, este Centro de Liberados sería una institución inédita en toda América Latina.
“El hecho de que una persona no pueda tener libertad ambulatoria y no esté en contacto directo, permanente y voluntario con todos sus afectos, sus amistades, sus familias ya es una pena suficiente. Cuando una persona comete un delito, la condena que se establece es la privación de la libertad por determinado tiempo, cualquier cosa que se agregue es inconstitucional y viola los derechos humanos del preso”, sostuvo.
Aplicar el modelo en Argentina
Inspirada en la experiencia de la cárcel de Punta de Rieles, en Uruguay, la Asociación Pensamiento Penal (APP), presentó un proyecto para generar un cambio en el sistema penitenciario de Argentina.
La iniciativa propone una vinculación más estrecha de los presos con las familias; garantizarles derecho a la salud, educación y trabajo; la pacificación de la vida carcelaria como respuesta al problema de la violencia institucional; políticas pos-penitenciarias; unidades más pequeñas, medianas y transparentes; el acercamiento de la cárcel a la comunidad, entre otras.
Mario Juliano,presidente de APP, explicó la necesidad de ir por el camino de un modelo penitenciario alternativo en Argentina. El juez sostuvo que “en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires particularmente tenemos un servicio penitenciario ineficiente. Sostener nuestras cárceles implica un gran costo económico para el Estado, y no se obtiene ningún fruto ya que, generalmente, los individuos que pasan por la cárcel, salen mas deteriorados que cuando ingresaron”.
Juliano criticó el modelo de seguridad vigente que “se basa en el copamiento territorial, el aumento de policías, de patrulleros, esto no está dando resultado. Tenemos que empezar a experimentar otros caminos en materia de seguridad y en materia carcelaria, hay que salir a dar la batalla cultural”. Además, el juez remarcó “la necesidad de seguir trabajando en modelos inclusivos y que se encuentren en consonancia con el sistema democrático”.
Si bien destacó que "no hay que importar porque sí los modelos de otros países, ya que cada pueblo hace su propia experiencia", Juliano puso énfasis en la necesidad de ver lo que está ocurriendo en Uruguay.
