El viernes 15 de mayo el policía bonaerense Julio Diego Torales fue condenado a 10 años de prisión por ser coautor de las torturas que sufrió Luciano Arruga meses antes de su desaparición Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, organismo que acompaña hace más de seis años a la familia de Luciano, se refirió a la sentencia y remarcó la necesidad de indagar qué otros efectivos de la fuerza participaron en los hechos.
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El juicio comenzó el pasado lunes 4 de mayo en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de La Matanza, a cargo de los jueces Gustavo Omar Navarrine, Diana Nora Volpicina y Liliana Logroño que decidieron por unanimidad la condena a 10 años de prisión para Torales, único imputado en la causa por las torturas cometidas contra Luciano.
La sentencia arrojó que Torales es "coautor responsable", esto significa que hay más responsables por las torturas al joven. Pablo Pimentel planteó que "hay que determinar quienes son esos actores. Se presume que participaron de las torturas dos agentes más. Hay que abrir una nueva investigación, que es aparte”.
El referente de la APDH explicó que "la sentencia dejó claro que Luciano fue detenido en un lugar que no estaba preparado para detener; que era un niño de 16 años y fue golpeado, le hicieron un reconocimiento médico en un hospital público luego de la detención, que determinó que Luciano tenía marcas de golpes".
Pimentel agregó que el fallo "dejó una sensación de justicia, de imparcialidad, una sentencia ajustada a derecho y sentó un precedente inédito en la jurisprudencia argentina, en la cual se condena a un oficial de policía por los testimonios de familiares y amigos de la víctima", y agregó que en esta resolución "por primera vez se dio lugar a los pobres, se los escuchó y se les creyó".
"Luciano sigue demostrando las grandes falencias que tiene la democracia argentina. Dejó sentado que en toda la Ciudad de Buenos Aires no funciona ningún sistema, ni el de Salud, ni la morgue, no hay un banco de datos único de gente extraviada o desaparecida”, señaló el militante de derechos humanos.
Los hechos que se llevaron a juicio
El 22 de septiembre del 2008, Luciano con 16 años fue detenido de manera ilegal por policías de la bonaerense en el destacamento de Lomas del Mirador, donde actualmente funciona un Espacio para la Memoria. Permaneció privado de su libertad en ese lugar, que no estaba preparado para detenciones, durante ocho horas acusado de haber robado un celular. Allí fue torturado y golpeado por Torales y se presume que por otros dos agentes que todavía no fueron identificados.
Pimentel recordó que "a partir de ese 22 de septiembre Luciano cambió su conducta, no
quería salir, tenía miedo porque lo habían amenazado, lo perseguían, no lo dejaban circular, lo verdugueaban cada vez que lo veían. El 31 de enero fue visto por última vez en un patrullero. Recién a los 5 años y 8 meses de su desaparición nos enteramos que fue obligado a bajar de un patrullero y amenazado para que cruce la General Paz por un lugar en el que no se puede cruzar caminando".
Causa por la muerte de Luciano
La causa por la desaparición y asesinato de Luciano, es una causa aparte que está siendo tramitada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo de Juan Pablo Salas. Este juzgado tendrá la ardua tarea de encontrar en esta sentencia elementos e indicios para determinar el calvario final que sufrió Luciano Arruga el 31 de enero del 2009.
