La lucha de las familias tuvo como resultado la ley de expropiación de las tierras y el futuro desarrollo de un plan de viviendas en el predio.“Después de la represión había dos caminos: o nos íbamos a nuestras casas llorando luego de que liberaran a los detenidos, o decidíamos reafirmar la lucha y permanecer. Tomamos el segundo camino, y eso es lo que permitió el logro de ayer”, afirmó Ramiro Berdesegar, referente de los vecinos.
En las veredas de la Legislatura, el día de ayer, los vecinos de Abasto, recibieron la noticia de que las tierras eran declaradas de "utilidad pública y sujeto a expropiación". “Yo no recuerdo tanta alegría popular”, afirmó Ramiro, en conversación con Arriba Hormigas. “Después de todas las que pasamos: la tensión, la represión, los detenidos, los heridos, la alegría es inmensa”, agregó.
Por otro lado, “la expropiación de este predio va a marcar un antes y un después, porque se pone en evidencia una problemática que el poder político niega: la problemática habitacional”, aseguró Ramiro. “Hay millones en este país que viven al costado del arroyo, al costado de la vía, que viven asinados, que no tienen ninguna posibilidad de poder acceder a un pedacito de tierra para vivir”, agregó.
Ramiro dijo que “esto abre la puerta para discutir sobre los terrenos ociosos de este país ¿para quién van a ser? ¿Lo van a seguir teniendo las mafias inmobiliarias para llenarse de plata, o se van a poner al servicio de las necesidades populares de acceso a una vivienda social?”.
A su vez, el abogado representante de los vecinos, Adrián Rodriguez, en conversación con RAP, afirmó que “la ley que se aprobó ayer es una ley de fuerte contenido social, que prevee una planificación para evitar que se produzcan situaciones no deseadas de falta de urbanización”. “La idea es que haya establecimientos educativos y sanitarios”, agregó.
"Ahora tiene el turno el Poder Ejecutivo, debe tomar el ejemplo de ayer, y que se vean los resultados lo más pronto posible", aseguró Rodriguez. "Es una cuestión compleja porque se tiene que elaborar un presupuesto y tienen que intervenir sociólogos, arquitectos y otros profesionales. Sin embargo, la urgencia de la situación, debería hacer que sea lo más rápido posible", concluyó.
El propietario de las tierras será indemnizado, y las tierras serán vendidas por el Estado, a las familias desalojadas. Los compradores no deberán poseer otras propiedades y deben ser considerados en ‘situación del vulnerabilidad’. El pago se ejecutará a través de cuotas mensuales que no podrán exceder a el 20% del Salario Mínimo Vital y Móvil, con un prorrateo no menor a 10 años y no mayor a 25. Los bienes expropiados por la presente ley se destinarán a la vivienda única, familiar y de ocupación permanente de los actuales ocupantes.
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