Sospechas sobre la captura del general de las FARC

El 19 de noviembre, en el departamento del Chocó, fueron capturados el general Rubén Darío Alzate -jefe de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército Colombiano-, la abogada asesora del Ejército, Gloria Urrego y el cabo Jorge Rodríguez. Estaban sin custodio personal en un territorio controlado por las FARC, situación por la que se espera que Alzate brinde explicaciones ante el Congreso. En respuesta, el Presidente colombiano Juan Manuel Santos, anunció que se suspendían los diálogos de paz que se estaban llevando a cabo en La Habana, y puso como condición para reanudarlos la liberación de los retenidos. A dos semanas de esos hechos, tal como habían anunciado los altos mandos de las FARC, el Frente Iván Ríos, responsable de la captura, los entregó a los representantes de los países garantes de la paz -Cuba y Noruega- y al Comité Internacional de la Cruz Roja. Laura Juliana Soto, integrante de Justicia Social por Colombia y de Marcha Patriótica Argentina, y Alex Miguel, de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, dialogaron con SOS Señal de Radio y coincidieron al opinar que el supuesto "secuestro" no parece ser un hecho casual.

Soto aclaro que Alzate no es un soldado común, sino que es una persona involucrada de forma directa con el conflicto colombiano. Por ello, “quienes desconfiamos de la real intención del gobierno y de la influencia de la derecha, sospechamos que no fue algo ingenuo (…) por eso fue el ex presidente, Álvaro Uribe, el primero que comunicó la retención vía twitter”, sostuvo.  Por su parte, Miguel explicó que “la retención, y el manejo que los medios de comunicación le han dado como secuestro, precisamente fortalece al discurso guerrerista de Uribe Vélez y de una parte de los militares que están en contra de los diálogos”.

Al conocerse la noticia de la retención, el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, puso en duda la continuidad de los diálogos de paz, contrariando el principio fundamental establecido en La Habana de que ningún suceso en Colombia podría frenarlos. Además, se militarizó la región del Chocó: “Empezaron a haber helicópteros, aviones, y cada vez mas militares. La gente de esa región pide que se libere al general con una salida negociada, por lo que humanitariamente significa un bombardeo y una escalada militar”, había señalado Laura Soto.

El pueblo presiona por la paz

La inmediata subordinación del Frente Iván Ríos, responsable de la retención, a la conducción de las FARC, anunciando que acatarían la orden de liberarlo muestra, para los referentes sociales, la cohesión de la guerrilla. Por otro lado, afirmaron que da cuenta de un gesto humanitario del que, por el contrario, carece el gobierno.  Sin embargo, esto no es fortuito: “Las FARC sienten la presión del pueblo que pide el acuerdo de paz”, indicó Miguel.

Lo que este hecho pone sobre la mesa “es la exigencia del cese bilateral del fuego que venimos haciendo desde el sector social, y que en los últimos dos años ha sido reiterativa todos los finales de año”, analizó el comunicador. El cese del fuego “siempre ha sido asumido por la guerrilla y no por el gobierno colombiano”, agregó al explicar que dialogar en medio de la guerra ha traído “una serie de incongruencias, como la captura de líderes sociales  y la muerte de muchos guerrilleros”.

Ganadores y perdedores 

Alex Miguel reconoció que en varias regiones “se está incrementando la guerra para mostrar resultados (frente a Estados Unidos), cuando no se los tienen”. De esta manera, hizo referencia a la influencia de la presión norteamericana en la escalada de violencia y en los discursos guerreristas de la ultraderecha. La búsqueda de resultados se traduce en militarización y violencia, cuyas principales víctimas son las personas civiles que habitan los pueblos más agitados por el conflicto armado.

“En el país no han parado los falsos positivos. Justamente, hace una semana hubo un bombardeo en el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador, en un pueblo acosado históricamente por el conflicto, donde el Ejército colombiano soltó seis o siete bombas con pretexto de los combates y murieron civiles, e hicieron pasar a dos personas como guerrilleros dados de baja cuando son civiles (lo que se conoce como “falsos positivos”). Así paso en una de las zonas de reserva de campesinos en San Vicente del Cauan, así está pasando en Catatumbo (departamento de Santander)”, relató.

Miguel también alarmó sobre la situación de los presos políticos. Recordó que en octubre, 9500 presos políticos de las 144 cárceles colombianas realizaron una huelga de hambre en protesta por las condiciones en las que se encuentran.

Pese al grave panorama y a la represión que se vive en Colombia, los referentes sociales resaltaron el fortalecimiento del movimiento social colombiano. Miguel informó que en los últimos meses se dieron “persecuciones terribles”. “En las últimas tres semanas, en este departamento, se dio una persecución terrible contra líderes sociales, imagino cómo se da en las grandes capitales o territorios campesinos”. Sin embargo, se mostró optimista y aseguró que “no han sido gratuitas las muertes pero tampoco han sido gratuitos estos dos años de diálogos de paz: nos hemos mantenido construyendo plataformas políticas muy coherentes y fortaleciéndolas”.

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