Ayotzinapa, sus 43 estudiantes rurales desaparecidos, los seis asesinados, ha despertado a muchos a la consciencia del horror que se vive en México. La Asamblea de mexicanos y mexicanas en Argentina busca no sólo repudiar ese hecho sino también denunciar “la complicidad del estado mexicano con el narcotráfico” y la “situación prácticamente de guerra que hasta el momento ha dejado 120 mil personas asesinados y alrededor de 40 mil desaparecidos”.
Entre otras actividades realizadas por la Asamblea, marcharon junto a las Madres de Plaza de Mayo en la ronda de los jueves, y realizaron una protesta ante la Embajada de México en Buenos Aires. La respuesta del embajador, expresaron, “fue despótica y pobre, porque ni siquiera estaba bien informado, nosotros estábamos más informados que él. Por ejemplo, hablaba de 6 fosas cuando sabemos que hasta el momento se han descubierto por lo menos 20 fosas clandestinas”.
En tanto, agregó que “nos interesa que se pueda difundir lo que está pasando en México. El Embajador se dedica a promocionar a México como paraíso turístico y nuestro objetivo es contarle al pueblo argentino como vive el pueblo mexicano, la cantidad de masacres, desapariciones, de asesinatos y de terror, en el que lo está subsumiendo el estado mexicano”, apuntó.
Las actividades son para apoyar las protestas en su país: “México está totalmente convulsionado, hubo paro en 140 universidades, cortes de ruta y cortes de transporte”, contó Mónica. Si bien la respuesta del Embajador no fue la esperada, Mónica destacó “el lazo que hemos construido con organizaciones de derechos humanos, sociales y de estudiantes de Argentina que se han sumado al reclamo”.
Crímenes de la narcopolítica
El 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela rural de Ayotzynapa tomaron dos camiones para dirigirse al municipio de Iguala, para reclamar por medios de transporte para poder viajar al Distrito Federal, donde el 2 de octubre se realizaría la tradicional marcha conmemorativa del asesinato de estudiantes de Tlatelolco, en 1968. Pero, el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca ordenó reprimir porque, según las investigaciones, los estudiantes tenían como objetivo boicotear un acto político de su esposa. La represión culminó con seis personas asesinadas -entre ellas, uno de los estudiantes presentaba además signos de tortura- y 43 estudiantes desaparecidos.
Cuatro días después de los hechos, el 30 de septiembre, aparecieron 14 estudiantes que hasta ese momento habían permanecido secuestrados, y denunciaron que sus compañeros fueron asesinados por la Policía Municipal. En una cronología realizada por el portal Cosecha Roja, se indica que el 5 de octubre el procurador de Guerrero informó que, a partir de la declaración de dos presuntos integrantes de Guerreros Unidos detenidos, policías de Iguala habrían entregado a 17 normalistas al grupo delictivo, quienes fueron asesinados en una zona cercana a donde se localizaron fosas. El 17 de octubre, se sumaron datos a partir de declaraciones del sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes, quien manifestó que dos personas, testigos de los hechos, le habían relatado que los estudiantes estaban muertos y que incluso algunos fueron quemados vivos.
Por lo hechos, la fiscalía informó que una treintena de policías municipales así como narcotraficantes de Guerreros Unidos, entre ellos, su líder, fueron detenidos. Asimismo, en el marco de la investigación se hallaron fosas con cadáveres. El Equipo Argentino de Antropología Forense está trabajando en México para determinar si se trata de los estudiantes. Mientras, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, y el secretario de Seguridad permanecen prófugos. La Procuraduría General de la República de México reconoció la responsabilidad del alcalde y su esposa, y señaló que la operación fue realizada en complicidad con Guerreros Unidos.
Recién once días después de la represión en Iguala, el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto dio un discurso haciendo referencia a la desaparición de los estudiantes, que generó reclamos, también a nivel internacional, por parte de la ONU, la CIDH y Amnistía Internacional.
Desde la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina expresaron: “Denunciamos estos crímenes como crímenes de estado [...] Si bien la policía municipal fue la que se llevó a los chicos actuó en combinación con grupos de narcotraficantes y paramilitares, por eso hay que denunciarlo como crímenes de estado porque está implicado el gobernador de Guerrero, el presidente municipal de Iguala y el gobierno federal por omisión, porque lo dejo como una cuestión local y menor. Eso evidencia complicada con esa estructura, del estado vinculado íntimamente con el narcotráfico”, expresó Mónica Mexicano.
