Las escuelas rurales fumigadas tendrán una audiencia pública en el Congreso

Con la jornada se busca hacer visibles y unificar los reclamos de escuelas cercanas a campos agrícolas que son fumigados en forma aérea y terrestre durante el horario de clases, afectando a estudiantes y docentes. Se espera la asistencia y participación de organizaciones sociales, docentes, médicos y legisladores de diversos bloques políticos. Será el próximo martes 28 en el edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, convocada por  la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y la Unión de Asambleas Ciudadanas.


El próximo martes 28 a las 16 horas, en el edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación (Piso 3, Sala 5), la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y la Unión de Asambleas Ciudadanas encabezarán la primera audiencia pública para denunciar las consecuencias del modelo agrosojero que sufren los alumnos y docentes de las escuelas rurales fumigadas con agrotóxicos.  La mayoría de las situaciones que se denuncian suceden cuando los campos en los que se produce soja, maíz, sorgo –entre otros cultivos– son fumigados por tierra o por aire sin previo aviso y en horario de clases; o cuando, a raíz de pedidos de las comunidades educativas, los aplicadores de agroquímicos se niegan a detener los trabajos. Dolores de cabeza, adormecimiento de los labios, sequedad en las mucosas, irritabilidad de la vista, cansancio, angustia y náuseas son algunos de los efectos inmediatos observados en niños y adolescentes de escuelas rurales de todo el país.

Barrio Fonavi en Manuel Alberti (Pilar, Buenos Aires)

Según diversas campañas realizadas por organizaciones sociales y sindicales, se estima que cerca de 700 mil niños en todo el país se encuentran expuestos a la aplicación de agroquímicos en los alrededores de establecimientos educativos rurales. Algunas de las localidades afectadas por esta problemática son Pampa del Infierno y Pampa del Indio (Chaco), Ranqueles (Río Cuarto, Córdoba), Departamento Uruguay (Entre Ríos) y Los Toldos y Coronel Suárez (Buenos Aires).

Emanuel Garrido, coordinador de Medio Ambiente en Coronel Suárez, destacó, en diálogo con Comunidad al Palo!, la importancia de utilizar el espacio institucional del Congreso “para plantear este problema, visibilizarlo y tratar de sacar la negación que hay sobre esta cuestión”. Uno de los objetivos de la jornada del martes es que los docentes de las escuelas rurales puedan expresarse, y la posibilidad de que quienes “tengan una vida educativa de exposición a pesticidas puedan tomarse una muestra de sangre y hacerse un análisis”, resaltó.

Por otra parte, Garrido señaló que la audiencia pública también es una oportunidad para que las situaciones que se viven en diversos establecimientos de múltiples localidades no se atomicen. También reconoció la tendencia de los habitantes de ciudad a creer que el trabajo de la tierra con agroquímicos no los afecta. En este sentido apuntó que “cuando uno accede al alimento, en particular todo lo que tenga que ver con frutas, verduras, semillas y demás, está recibiendo fracciones de los residuos de esa agroindustria a través de lo que consume".

Producir sin agroquímicos

La gran mayoría de los chacareros, aplicadores y agrónomos que fumigan o mandan a fumigar los campos tienen como primer soporte de estas prácticas la autorización de los productos que utilizan por parte de organismos públicos, como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Uno de los principales inconvenientes que se presentan es que las autoridades de los organismos con competencia a nivel nacional y provincial “basan sus estudios y sus convicciones en pruebas sin ningún respaldo científico serio”, manifestó Garrido.

El productor Juan Kiehr y el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá
en La Aurora (Revista Mu)

Existen actualmente en nuestro país diversas experiencias de producción agrícola intensiva en las que no se utilizan herbicidas, plaguicidas, fertilizantes y demás productos químicos. Uno de los casos testigo más conocidos es un campo de 650 hectáreas llamado La Aurora, en Benito Juárez, localidad de 15 mil habitantes ubicada a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Se trata de una de las experiencias que demuestran los innecesarios costos que implica el uso de agroquímicos y la inevitable pérdida de eficacia de los mismos, lo que lleva a los productores a utilizarlos cada vez más, envenenando más la tierra y los alimentos para obtener la misma producción.

Al respecto, Garrido expresó que está absolutamente demostrado que los campos pueden ser trabajados “con otra técnica, con otro manejo de la tierra, gastando el 30% de lo que se gasta en insumos”, sin perder plata y sin intoxicar a la tierra, a los alimentos y a la gente. En ese sentido, mencionó que existen funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF) que si bien “asumieron que es posible producir de esa manera, no lo manifiestan en sus ámbitos de trabajo y no generan documentos" sobre el tema, para que puedan avanzar otras modalidades de producción.

Orden de no fumigar en escuela de Coronel Suárez

El miércoles 22 de octubre, el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Bahía Blanca, a cargo de Claudio Alberto Brun, ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones terrestres a una distancia inferior a los mil metros de la Escuela “Martin Fierro”, ubicada en el Paraje “El Relincho” del distrito de Coronel Suárez. Dicho establecimiento había sido afectado el pasado 12 de septiembre por una fumigación terrestre con los químicos 2,4-D, Dicamba y Metzulsufuron, a menos de 200 metros y en plena jornada escolar.

 “Después de dos años se consigue a través de un amparo que cese la fumigación en una de las 23 escuelas rurales del distrito”, expresó Garrido, y agregó que quienes están trabajando en la temática “sabemos que la problemática es tan grande y atraviesa tanto todos los intereses económicos que hasta eso que es tan chiquito tenemos que celebrarlo de alguna manera, son los pequeños pasos”.

La medida judicial se ordenó en el marco de la causa “Grynberg, Jimena Judith y otros c/ Matatagui Manuel Alberto y otros s/ amparo” iniciada el 21 de octubre pasado, por madres de alumnos que asisten a esa escuela y una docente de Coronel Suárez, con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (CELMA).