Las mujeres encarceladas con sus hijos e hijas, y las embarazadas, además de la condena penal, sufren una sanción moral por no cumplir con lo socialmente esperado de una mujer y una madre. Así lo revela el informe presentado el pasado viernes por el Comité contra la Tortura. “Patear la reja” habla de la situación de las detenidas en la Unidad 33 de Los Hornos, y de los jueces que legitiman la violencia intramuros hacia las mujeres y hacia los niños.
El informe se hizo en base a entrevistas a mujeres presas, a los monitoreos del Comité contra la Tortura y a los informes producidos en los últimos diez años, a informes de los jueces sobre la cárcel y a entrevistas a operadores judiciales.
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| andaragencia.org |
Fabián Bernal, subdirector de Inspecciones a lugares de detención del CCT-CPM, abrió la charla contando el caso de una de las mujeres entrevistadas: Eva, que llevaba 1 año y 8 meses detenida. Eva llevaba un embarazo de riesgo cuando fue trasladada desde la UP 33 a un penal de varones con anexo de mujeres, sin guardia pediátrica. Allí tuvo a su beba, Juana, que murió de asfixia a los tres meses, luego de esperar durante una hora la ambulancia para llevarla al Hospital. Luego de ese hecho, Eva fue trasladada otras tres veces más, sin recibir ningún tipo de asistencia psicológica. Luego de repetidos pedidos, logró entrevistarse con la jueza que llevaba su causa: “Ella pidió ver a sus familiares. Cuando la entreviste, no había podido ver a sus hijos ni tener visitas intercarcelarias con su esposo, le habían robado sus pertenencias y se encontraba en un pabellón de admisión, porque había sido golpeada y abusada frente al director de la unidad. Eva dijo “yo no voy a denunciar a nadie, es un código tumbero”. Me dijo que no le interesaba denunciarlo ante el juez, que lo único que quería era asistencia psicológica. Ante esto, pienso que esta mujer me pide esto para poder seguir sobreviviendo, y por eso el titulo del libro: “patear la reja””, relató Bernal.
La doble condena hacia las mujeres
Natalia Rocchetti, trabajadora social e integrante del equipo de la CPM, explicó que para indagar en la situación de las mujeres detenidas, realizaron 38 entrevistas de monitoreo y 10 de investigación. “El informe no podría haber sido posible sin la participación y el consentimiento de las mujeres detenidas”, sostuvo Rochetti, quien agregó que en el libro se analizan distintos ejes de la vida carcelaria, como la atención de la salud, la educación y el trabajo, la violencia penitenciaria y el acceso a la justicia y, entre otros datos, precisa que las detenidas son mujeres pobres de entre 18 y 33 años de edad.
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Una de las cuestiones centrales que se desprende de las entrevistas es que las mujeres reciben una doble condena, que es la sanción punitiva y la moral, por el hecho de ser mujeres y madres. Para el sistema penal, “las mujeres han fallado como madres y en lo que se espera para una mujer; en el interior de la cárcel se busca juzgar a la buena o mala madre cuando todo es padecimiento ahí adentro”, indicó Rochetti.
En tanto, remarcó que “el servicio penitenciario y los jueces solo consideran a las mujeres como madres, y por eso no consideran que los niños están presos sino que están reforzando el vínculo con su madre”. Eso tiene su correlato en las mismas mujeres, quienes le “otorgan una centralidad a los niños y de ellas no importa nada”, afirmó. Así, ejemplificaba que en materia de salud, “las mujeres nos contaban que cuando es para ellas no hay escucha, pero cuando es para los chicos patean la reja”.
El encierro de niños y niñas
En su artículo 195, la Ley nacional nº 24660 de “Ejecución de la pena privativa de la libertad” dispone que “la interna podrá retener consigo a sus hijos menores de cuatro años. Cuando se encuentre justificado, se organizará un jardín maternal a cargo de personal calificado”. En tanto, una modificación promulgada en 2009, incorporó a las mujeres embarazadas o con hijos pequeños a su cargo entre una de las condiciones para poder acceder al arresto domiciliario. Lo mismo sostiene el reglamento, a nivel provincial, en su artículo 18. Sin embargo, este derecho es negado sistemáticamente por los jueces.
Rochetti explicó que esto se debe a que los jueces legitiman la presencia de niños en la cárcel para reforzar el vínculo con las madres. “Hay un discurso que circula, que dice que total los nenes en los primeros años de vida no se acuerdan lo que vivieron. Da risa pero genera efectos terribles en los niños y en las madres”, expresó.
“Pareciera que los jueces no se enteran de situaciones de violencia pero las conocen y las legitiman”, señaló, al repasar el capítulo del libro que analiza el discurso penitenciario y judicial. Y agregó, “por ejemplo, las mujeres no pueden tener cunas para sus hijos en la unidad, hay un discurso que dice que con esas cunas pueden armar instrumentos para atacarse entre si. Se ve la violencia penitenciaria se ve como violencia entre las mujeres y no como violencia institucional”.
En tanto, Rochetti destacó que el sistema de protección y promoción de los derechos de la niñez no existe en la cárcel. Los niños y niñas no son beneficiados por la Asignación Universal por Hijo, ni acceden a elementos muy básicos. “Por ejemplo, un chico con parálisis cerebral no le autorizaron una silla de ruedas porque podía ser un elemento peligroso, entonces el nene se arrastraba”, ejemplificó.
Por su parte, los integrantes del Comité contra la Tortuta criticaron que ante las presentaciones efectuadas por ese organismo, “la respuesta judicial es casi nula, y cuando hay respuestas de avanzada el ejecutivo no instrumenta las herramientas necesarias para que se pueda efectivizar”, concluyeron.
Cabe destacar que de la presentación del libro también participaron la psicóloga e integrante de la CPM, Susana Méndez, y el magíster Esteban Fernández, del área de género y diversidad sexual de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP.
