Madres de Plaza de Mayo apoya el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos, mientras que otros organismos de Derechos Humanos advierten que la iniciativa implica el desguace a favor de los laboratorios privados y que restringe el derecho universal a la identidad. Julio Avicento de H.I.J.O.S La Plata dijo que las restituciones de Ana Libertad y Guido Montoya Carlotto, muestran que el Banco funciona bien. Además, denunció que el Gobierno no tiene una política de estado para la restitución de la identidad.
En 2009 se sancionó la ley 26.458 que, en uno de sus artículos, plantea el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos a la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La ley se reglamentó el año pasado y en marzo debía concretarse el cambio de sede, pero organismos de Derechos Humanos y el equipo del Banco, del sector de Inmunología del Hospital Duran, presentaron un amparo para impedirlo. El conflicto se reavivó tras la restitución de Ana Libertad y Guido Montoya Carlotto. La ley sostiene que el traslado busca “jerarquizar su funcionamiento”. Tras la conferencia de prensa realizada en el Hospital Durán, Julio Avicento de H.I.J.O.S La Plata explicó que “lo que se está planteando es que el Banco funciona bien, que no ha habido criticas ni denuncias judiciales, incluso los últimos dos casos –la restitución de Ana Libertad y de Guido Carlotto- marcan que el Banco funciona perfectamente”.
La conferencia se realizó el pasado 25 de agosto en el Hospital Duran, donde funciona el BNDG. Familiares y organizaciones de Derechos Humanos junto a Belén Rodríguez Cardozo, directora de la entidad y demás trabajadores del Banco, reiteraron los motivos por los que se oponen al traslado al Ministerio de Ciencia y Tecnología. También participaron la senadora de UNEN, Norma Morandini, y el legislador del Partido Obrero, Marcelo Ramal. En comunicación con Radio Futura, Avicento resaltó que lo que denunciaron fue que, “lisa y llanamente, hay una apropiación del Banco, de las muestras, que son de los familiares y no del Estado”.
El fondo de la cuestión, según los organismos, es que la ley de 2009 acota el campo de acción del Banco Nacional de Datos Genéticos a esclarecer casos de niños y niñas apropiados entre el `76 y el `83, en el marco de delitos de lesa humanidad. Avicento contó que una de las organizaciones presentes -“¿Quiénes Somos?”- está conformada por personas que han perdido su identidad por distintas problemáticas, no relacionadas con crímenes de lesa humanidad, y que se ven afectados por la nueva ley. “Con la ley, estas personas, en vez de tener el acceso gratuito en un Hospital público como el Durán, tienen que recurrir a un laboratorio privado”, señaló.
“El Banco nació por lesa humanidad pero atendía otro tipo de casos. Con la nueva ley se deja de garantizar el acceso al derecho a la identidad que debe estar garantizado a todas las personas. El Estado está para ampliar derechos y no para acotarlos”,apuntó.
Madres de Plaza de Mayo, en tanto, reiteró su apoyo al traslado del BNDG. En declaraciones a Radio Cooperativa, Estela de Carlotto, presidenta de la entidad, defendió el traslado al sostener que el Banco funcionaría en un “lugar correcto y perfectamente equipado”. También, subrayó la importancia del concurso para elegir nuevas autoridades y aseguró que el actual personal “no va a perder el empleo”. En referencia a la actual directora, Belén Rodríguez Cardozo, expresó: “Que se presente (a concurso) y puede ganar la dirección”.
Restitución: Política de Estado
Julio Avicento de HIJOS La Plata criticó la política de restitución de identidad llevada adelante por el Gobierno Nacional, así como la fragmentación de las causas de lesa humanidad y el “estiramiento indefinido de los juicios”. “Que los jóvenes se encuentren a sí mismos es el fracaso de la política real que debería impulsar el estado en este sentido”, denunció. Y respecto a los nietos y nietas que faltan restituír, dijo que “no esperamos que los genocidas digan. Uno puede entender el ansia de los familiares por encontrar a su nieto o a su primo, pero no esperamos que los genocidas hablen. Por regla general entendemos que es el Estado debe impulsar las investigación. La restitución es una obligación del Estado”.
En tanto, precisó que “en el caso de Ana Libertad, es una investigación que impulso la Unidad Fiscal Especial de Apropiaciones, pero eso fue creado recién en 2012. Es decir que recién en 2012 se empieza a tratar en específico los casos. Nos parece que la restitución de los chicos apropiados tiene que ser una política de Estado. No se debe esperar”.
Plan sistemático
Avicento recordó que, tanto en el caso de Ana Libertad como en el de Guido Montoya Carlotto, la apropiación y la desaparición de los padres se juzgaron en causas distintas. En ese sentido, reivindicó la sentencia del juicio "Plan sistemático" de 2012, donde se probó la existencia de un plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura militar, que incluyó a aquellos aún no encontrados. La sentencia incluyó 35 casos de apropiación, entre ellos, 10 sin restituir. Uno de esos casos era el de Ana Libertad y otro el de Guido Montoya Carlotto. Pero, aclaró que pese a esa sentencia, los juicios que continuaron en La Plata, por la investigación de la desaparición de los padres –La Cacha (Montoya-Carlotto) y el Circuito Camps (Baratti- De la Cuadra)- no incluyeron el secuestro, la apropiación y la ocultación de los chicos.
“No estamos de acuerdo con juzgar los casos de manera fragmentada. Son cosas que hay que corregir, hay que hacer los juicios no solo por centro clandestino de detención sino que hay que incluir a todas las victimas y a todos los delitos, a las apropiaciones y los delitos sexuales, porque forman parte de un plan sistemático”, dijo, reiterando un reclamo añoso de los organismos de Derechos Humanos.
