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Este año, la población carcelaria bonaerense superó su récord histórico con 33.166 detenidos y condenados, generando una superpoblación del 70%. Ante esa situación, la Asociación Pensamiento Penal le propuso a Scioli que active una medida para conmutar penas a ciertos condenados. El juez Mario Juliano, miembro de APP, aclaró que el mecanismo está previsto en la Constitución provincial y que no se trata de una conmutación general sino que se analizaría caso por caso.
La propuesta de la Asociación Pensamiento Penal se efectuó al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, hace un año, pero tomó relevancia mediática en agosto, tras una reunión con diputados, senadores, miembros del Poder Judicial y organizaciones, para conformar un Espacio de Derechos Humanos en la provincia. Fue tras dicha reunión que el Ministro de Justicia, Ricardo Casal, salió a cruzar al Juliano afirmando que "es absurdo que un juez proponga la liberación de miles de detenidos” y que "la conmutación de penas es de aplicación absolutamente excepcional y este gobierno jamás la utilizará del modo propuesto por este magistrado, que es equivalente a una amnistía general".
El juez del Tribunal Criminal 1 de Necochea aclaró que, ante la situación grave de sobrepoblación carcelaria existente en la provincia, “le propusimos al Gobernador que se examine la utilización del mecanismo para ciertas categorías de condenados, pero no se trata de una conmutación general o indiscriminada como se quiere hacer parecer”.
La conmutación de las penas, que en otras legislaciones puede figurar como “amnistías” o “indultos”, busca “dar una respuesta lo más inmediata posible para descomprimir la sobrepoblación”, expresó Juliano en comunicación con Radio Futura. El mecanismo se analizaría en los casos de: los condenados que hayan cumplido la mitad de la condena que no supere los cinco años de prisión; reincidentes que hayan cumplido más del 80 por ciento de la pena, por delitos tentados; mayores de 60 años; mujeres alojadas con niños o en etapa de gestación y extranjeros que hayan cumplido la mitad de la condena.
Juliano puso especial énfasis en el caso de las mujeres condenadas que conviven con sus hijos pequeños en la cárcel. “Se trata de un caso de una enorme trascendencia de la pena a personas inocentes como son los niños, que pasan los primeros años de vida encerrados”, explicó.
“Con esto quiero dar un panorama de que no estamos proponiendo poner en libertad a todos los violadores y asesinos”, manifestó. “Lo que proponemos no es una conmutación automática y generalizada, de que, por ejemplo, todos los condenados de más de 60 años de edad sean liberados, sino que tal como dispone la Constitución Provincial, cada caso debe ser previamente analizado por la Suprema Corte de Justicia. Hay que analizar caso por caso”, subrayó Mario Juliano.
En tanto, el juez de Necochea comentó que no se trata de un “invento de APP”. Así, ejemplificó en que en 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Estados Unidos le ordenó al estado de California liberar a 45 mil presos por sobrepoblación carcelaria. “Estados Unidos con todas sus enormes contradicciones es un país que tiene algunos actos racionales. En 2011 la mayor potencia capitalista, que tiene una política penal bastante dura, tomó esta iniciativa", ilustró Juliano.
Emergencia en violencia institucional
La propuesta de la Asociación Pensamiento Penal tomó mayor relevancia cuando se comienzan a conocer los primeros datos de las consecuencias de la llamada emergencia en seguridad, puesta en marcha en abril por el Gobierno provincial. A cuatro meses del lanzamiento de la medida, el Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un informe que da cuenta de las consecuencias reales que está teniendo “la política de seguridad del gobernador y del ministro Alejandro Granados”.
El informe, presentado en la Legislatura provincial el pasado 6 de agosto señala que “en abril, una escalada más en el discurso de la mano dura fue el trasfondo de medidas para nada novedosas: más policías en las calles legitimadas políticamente para utilizar la violencia y otro anuncio de reformas legislativas para restringir las excarcelaciones”. El trabajo da cuenta de que ambas iniciativas aumentaron la violencia policial en las calles y agravaron la situación carcelaria en la provincia.
Por un lado, los abatidos en “enfrentamientos policiales” que ascendieron a 74 entre abril y agosto, y fueron celebrados por el Gobierno como indicadores del éxito de la medida. El informe detalla que “esta letalidad en los enfrentamientos duplica la que tenía la Bonaerense en años anteriores: en 2005 había una muerte cada diez enfrentamientos, hoy son dos cada diez”. Por otro lado, la llamada “emergencia en seguridad” trajo aparejado un “récord de detenidos, sobrepoblación y colapso del sistema penitenciario”.
“En mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de los últimos quince años: 33166. El 60% de estas personas están detenidas de manera preventiva, sin condena judicial”, explica el CELS y agrega que “la base de este incremento son los delitos callejeros, no los mercados ilegales ni los delitos complejos”. Esta situación se da dentro de un sistema penitenciaros que viola sistemáticamente los derechos humanos de los detenidos, donde no se garantizan las condiciones mínimas para una vida digna y donde la tortura es una práctica habitual. A esto se suman los 1700 alojados en comisarías que reconoce el gobierno provincial, y que según fuentes judiciales asecenderían a 3000. “Estas cifras hablan más de la perspectiva sobre la seguridad que tiene el gobierno provincial que sobre la eficacia del plan para reducir realmente el delito y la violencia”, concluye el informe.
