Desalojo de quinteros en Abasto

El viernes 4, 75 familias agropecuarias fueron desalojadas de un predio ubicado en Ruta 2 y 516 en el marco de un violento operativo llevado a cabo por la Policía Bonaerense. Desde 2012, estaban comprando los lotes, pero el juez Masi ordenó cederlos a una empresa local. Rosalía Pellegrini, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) denunció una connivencia entre la inmobiliaria y la Justicia.



Durante la tarde del viernes 4 comenzaron a correr la noticia y los pedidos de solidaridad: 75 familias de quinteros estaban siendo desalojadas por la Policía Bonaerense en la zona del Abasto de La Plata. La represión tuvo lugar en el marco de un operativo de desalojo en Ruta 2 y 516 y tuvo como resultado la detención de dos personas, que fueron liberadas horas más tarde. Rosalía Pellegrini, integrante de la UTT (Frente Popular Darío Santillán) denunció que “las familias se quedaron sin tierras luego de que el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, decidiera darle la posesión a un testaferro de la inmobiliaria Mattioli, y dictar el desalojo”.

Pellegrini aclaró que los lotes no tienen escrituras sino que estaban siendo adquiridos a una persona que tenía derecho de posesión por pagar los impuestos y vivir en el predio desde 1987.  Pese a ello, la inmobiliaria pidió el desalojo que fue ordenado por el juez Masi:"Son terrenos sobre la Ruta 2, para hacer negocios valen un montón, pero para las familias era la oportunidad de hacer la vivienda”.

Rosalía denunció también que la inmobiliaria se aprovecha con la complicidad de los jueces y hacen negocios. Hay una connivencia y ahora tocó que paralelamente había familias que compraron las tierras de buena fe”.

La mujer agregó que“la Justicia le dio la razón a la inmobiliaria. Mattioli agarra todas las tierras fiscales, o en situación de falta de propietarios y hace negocios”.  Ante este tipo de situaciones, afirmó que“el Estado tiene que intervenir y regularizar la situación de la tierra”. Por ello,“estamos viendo la posibilidad de hacer una medida de fuerza que ponga en evidencia a estas mafias y proponga una política pública”, sentenció.

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