En la ONU se debate la elaboración de un protocolo que regule la acción de empresas transnacionales y su impacto en el medio ambiente. La resolución se aprobó, aunque Argentina se abstuvo en emitir su voto. "La acumulación de experiencias donde las transnacionales han producido desastres ambientales y sociales es abrumadora", expresó el politólogo Atilio Borón.
El 26 de junio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra sometió a votación una iniciativa de Ecuador y Sudáfrica tendiente a crear un grupo de trabajo con el mandato de elaborar “un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas.” La propuesta tiene como objetivo avanzar en el armado de un marco legal regulatorio del comportamiento de las grandes corporaciones a los efectos de impedir los abusos o las violaciones a los derechos humanos producidos como consecuencia de sus actividades. Esta iniciativa se vincula con las numerosas resoluciones y normas de las Naciones Unidas relativas a la protección de los derechos humanos.
Luego de la sesión en Ginebra, votaron a favor de la propuesta 20 países, 14 en contra y 13 se abstuvieron. Los 9 países de América Latina y el Caribe que integran el CDH sólo dos acompañaron con su voto la iniciativa ecuatoriana: Cuba y Venezuela.Por su parte Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú se abstuvieron. Por otro lado, Estados Unidos, los países europeos y Japón votaron por la negativa.
"Hay que tener en cuenta que las necesidades inmediatas tienen que articularse con las de largo plazo, porque se produce un daño ambiental irremediable", postuló Borón. Además, destacó la vulnerabilidad que produce la falta de un planeamiento estratégico para la instalación de estos emprendimientos: En este sentido opinó que "en Argentina falta un planeamiento estratégico, porque lo que están haciendo tiene un daño muy grande" y agregó que "el país tiene que sobrevivir más allá del momento en el que se establezca la empresa".
El politólogo apuntó que el avance del fracking debe ser analizado, a partir de estar prohibido en otros países. "No pienso que haya que rechazarlo de por si, pero si que haya una discusión", consideró. " En Ecuador, se inició en 2003 una demanda contra la petrolera Chevron por el derramamiento de mas de 80.000 toneladas de residuos petrolíferos en la zona de Lago Agrio durante los años 1964 y 1992. El juicio no lo inició el Estado, sino las comunidades originarias de la Amazonia. Borón opinó que las transacionales "se sacan de encima todas las restricciones ambientales y sociales en pos de aumentar sus ganancias. Si el gobierno provincial y nacional tuvieran mecanismos para cuidar sus recursos, Chevron se tendria que cuidar más, pero eso va a depender de los organismos de control argentinos para que no hagan un desastre en Vaca Muerte".
