El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 por iniciativa de las Abuelas de Plaza de Mayo para el reconocimiento de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura. En 2009, se restringió su aplicación para delitos cometidos hasta 1983. Esta semana, el diputado Marcelo Ramal presentará un proyecto elaborado por organismos de derechos humanos para rechazar esta limitación.
El martes 17, el diputado Marcelo Ramal presentará en la Legislatura Porteña un proyecto que rechaza el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) desde el Hospital Durand hacia una nueva dependencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
El documento que dará a conocer el legislador del Frente de Izquierda y los Trabajadores fue elaborado con aportes de María Isabel "Chicha" de Mariani, Elsa Pavón y Mirta Baravalle, fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, junto a numerosos afectados, víctimas y familiares de niños apropiados, organismos de derechos humanos y personal del mismo laboratorio. Allí se insta al Gobierno de la Ciudad a que disponga lo necesario para preservar la autonomía del BNDG y la estabilidad de sus trabajadores.
Asimismo, la propuesta legislativa contempla el rechazo de las limitaciones incorporadas en los artículos. 2 y 5 de la ley nacional 26.548, mediante las cuales se reduce la competencia del Banco al esclarecimiento de delitos cometidos antes del 10 de diciembre de 1983, excluyendo de su campo de intervención casos de desaparición forzada de personas ocurridos con posterioridad a esa fecha, que deberían acudir a laboratorios privados para hacer efectivo su derecho a la identidad. Por eso, para los organismos, detrás del traslado se gesta la potencialidad de un negocio concreto con la medicina genómica.
Gabriela Figueroa, abogada que integra la mesa de coordinación Todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos, expresó que "Estamos en esta mesa de coordinación con varias organizaciones buscando que no se traslade el banco dada la gravedad de que se cambie el objetivo del Banco. Cuando nació, se planeaba que cualquier persona puidiera hacerse analisis, en el 2009, una nueva ley acota el accionar del Banco, es solo para personas nacidas antes de 1983".
Además, Figueroa destacó los riesgos que implicaría un cambio de sede de la institución: "pedimos que no se mude de ese edificio, sobre todo por la posibilidad de que se pierda alguna muestra, destacando que algunas de ella son irrecuperables".
La historia del Banco
En 1987, las Abuelas de Plaza de Mayo lograron la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. No fue fácil. Recorrieron el mundo en busca de legislación y de respuestas de la ciencia a la búsqueda de sus nietos. En ese momento, precisar la identidad de una persona sin la presencia física de su padre y madre era un desafío, incluso, para la ciencia mundial. Por ley 23.511, se creó el centro científico para “obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación”.
En 2009, una modificación a esa legislación introdujo tres cambios claves que son la fuente de la discusion actual:
o El traslado del Banco del Hospital Durand, gestionado por el Ministerio de Salud y el Municipio de la Ciudad de Buenos Aires, a una sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
o Se especificó que el objeto del Banco era la identificación de todos los desaparecidos (vivos o muertos y sin consideración de edad), ocurridos por el accionar del terrorismo de Estado, hasta el 10 de diciembre de 1983.
o El cruce de muestras entre las almacenadas en el Banco y las obtenidas por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
En agosto del año pasado, organismos de Derechos Humanos que hoy componen la mesa de coordinación presentaron una medida cautelar ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n°1, a cargo de Ernesto Marinelli. También realizaron un abrazo simbólico al Banco, rechazando su traslado y pidiendo la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 5. El rechazo se basa en que consideran que el Estado debe garantizar la universalidad del derecho a la identidad, y con la nueva ley se restringe a los casos de lesa humanidad.
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