Vecinos de diferentes localidades de la provincia organizados en la Unión de Asambleas Chubutenses presentaron un proyecto de ley provincial que busca regular la actividad minera. Lo hicieron a través de un procedimiento denominado “iniciativa popular” utilizado por primera vez en la región y para el cual debieron reunir la cantidad de firmas equivalente al 3% del padrón electoral. Esta iniciativa ingresó a la Legislatura a comienzo de Junio y la Cámara de Diputados tiene 180 días para expedirse sobre el mismo.
El derecho de iniciativa popular es un mecanismo de democracia semidirecta establecido en la constitución provincial chubutense a partir de su reforma en 1994. Según el artículo 263 de esa norma, todo grupo de ciudadanos que iguale o supere el tres por ciento del padrón electoral puede presentar proyectos de ley para el tratamiento en la Legislatura, que debe considerarlo en el término de seis meses a partir de su presentación.
Zulma Usqueda,vecina de Comodoro Rivadavia e integrante del Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP)–, es una de las protagonistas de esta iniciativa popular. Considera que más allá del hecho de que la megaminería contamina, el eje de la cuestión pasa por el derecho de los pueblos a elegir cómo quieren vivir. “El problema es la autodeterminación de los pueblos, quiénes son los que deciden realmente si un emprendimiento se va a instalar en el lugar donde uno vive y de qué manera lo va a hacer; es una decisión que tiene que tomar la gente, pero no que te lo impongan porque lo decidieron los funcionarios o porque vino una empresa extranjera”, expresó en diálogo con Comunidad al Palo!.
La asambleísta también opinó que las localidades en las que hay emprendimientos de explotación minera y/o petrolera son “zonas de sacrificio”, enfatizando que nadie le consulta a esas poblaciones si están dispuestas a vivir en esas condiciones. “Es lo que planteamos los pueblos afectados: somos una zona de sacrificio, pero ¿para el bienestar de quién? ¿Para que la plata salga por dónde? ¿A qué países?”, cuestionó.
La posición que adoptan las diversas fuerzas que integran la clase política ocupa un rol central en el abordaje de la problemática ambiental desde el punto de vista del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es que los mecanismos de participación ciudadana como la iniciativa popular, lejos de ser un recurso común son más bien expresiones aisladas y poco recurrentes. En ese sentido, la integrante del Foro Ambiental y Social opinó que la mayoría de los partidos políticos dicen oponerse a los proyectos destructivos pero finalmente avalan las medidas que les abren paso, y que “opositores en serio hoy por hoy son las asambleas que hay a lo largo del país”.
Tejiendo redes
La actual organización ciudadana contra la megaminería en la Patagonia tuvo su inicio a raíz del plebiscito realizado en Esquel en 2003, en el que el 82 por ciento de la población se manifestó en contra de la instalación de un emprendimiento minero de oro y plata a pocos kilómetros de esa ciudad.
Según relató Usqueda, “el movimiento que nació en Esquel luego se reprodujo en distintas ciudades”. De esta manera en 2008 se realizó un encuentro en Comodoro Rivadavia entre vecinos de pueblos afectados por la explotación minera en distintas provincias, en el que se conformó el Foro Ambiental y Social. En los meses que siguieron tomaron forma nuevos foros en otros puntos de la provincia como Trelew, Puerto Madryn, la zona de la meseta y Rawson.
“Todos comenzamos queriendo informar a los vecinos sobre las consecuencias de la megaminería y tratando de aunar acciones conjuntas”, expresó Usqueda. Así fue que se conformaron como como la Unión de Asambleas Chubutenses, que luego pasó a integrar una red más amplia, la Unión de Asambleas Patagónicas, en la que participan organizaciones de Neuquén, Río Negro, Chubut y más recientemente Santa Cruz.
