Scioli cedió: apartaron a policías responsables de las irregularidades en la morgue

El Ministerio de Seguridad dispuso ayer por la noche el pase a retiro del comisario Pablo Daniel Vázquez, superintendente de Policía Científica de la Policía Bonaerense, y de Jorge Omar Nasrala, superintendente de Investigaciones en Función Judicial.  La decisión se adopta luego de que fueran  interpelados por el juez Luis Arias y el Colectivo de Investigación de Acción Jurídica, por las irregularidades en la morgue policial. En anteriores ocasiones, los mismos comisarios habían sido respaldados por el ejecutivo.

La decisión fue adoptada en el marco de una serie de recambios en la cúpula de de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que incluyó otros relevos así como cambios en las direcciones  de las distintas superintendencias. El pase a retiro de Vázquez y Nasrala, se realiza a pocos días de la conferencia de prensa brindada por el titular del juzgado en lo contencioso y administrativo n°1, Luis Arias, donde detalló los principales puntos del falló de la investigación del número de víctimas fatales por la inundación del 2 de abril. La misma acabó determinando en 89 el número de fallecidos, así como pudo establecer que hubo gran cantidad de irregularidades. El magistrado apuntó en dicha conferencia a la responsabilidad del superintendente de Policía Científica, quien a días de la inundación  le negó la entrada a la morgue a los funcionarios del juzgado n°1 y al propio Arias, que buscaban realizar una inspección de la lista de fallecidos.  En aquella ocasión el jefe de la Delegación Científica de La Plata, Comisario Inspector Carlos Jaime, adujo al juez que tenía la orden de no dejarlo pasar. Ante las preguntas del magistrado acerca de la procedencia de dicha orden, el Comisario señaló que provenía del Director General de Policía Científica, Comisario General Pablo Vázquez

El accionar del ex comisario Vázquez acabó en una causa penal por desacato.  La causa fue tramitada por el juzgado de Garantías N°2 de César Melazo y el Fiscal, titular de la UFI N°6, Marcelo Romero. A más de cuatro meses del hecho, el Comisario Vázquez fue sobreseído y la causa cerrada. En el fallo, Melazo afirmó que “ es menester diferenciar que la conducta penada por la ley debe ser grave y no la leve, que no desprestigia ni trae aparejado un daño apreciable”. De esta manera, Melazo caracterizó como una conducta leve la acción de desacato del comisario. El fallo de una hoja se sustentó en el relato del policía que caracterizó como “imprecisa” la solicitud de Arias. También citó la declaración de Vázquez, quien señalo que “le reiteró las directivas de que dicha solicitud no podría ser satisfecha sin previo diligenciamiento ante las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad”. En aquella ocasión, en declaraciones con Radio Futura 90.5, Arias sostuvo que “la policía actúa con tanta impunidad en la Provincia de Buenos Aires que se creen hasta con derecho para pasar por encima de las órdenes judiciales”. También agregó que el mensaje del fallo era “no cumplir una orden judicial no tiene consecuencia alguna”.

Vázquez ya contaba con antecedentes y un fuerte respaldo del gobierno provincial. La mayor mancha en su currículum   proviene del informe producido en el 2012 por la Comisión Candela del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Dicha comisión se conformó luego de una suma de irregularidades en la causa judicial y en el accionar político alrededor del secuestro y asesinato de la niña de 11 años. Ante aquella comisión declaró el 5 de junio de 2012. Allí señaló que interrumpió un allanamiento clave, y a la vez el Fiscal Leonardo Lisa señaló que no pudo ingresar al inmueble allanado hasta el día siguiente. El motivo era que los hombres de Vázquez consideraron que podía contaminar la escena del crimen, cuando en realidad era quien debía supervisar su trabajo. La comisión integrada por senadores de distintos partidos concluyó por solicitar la inmediata separación del cargo de Vázquez, así como el inicio de investigaciones sumarias. Sin embargo, nunca fue separado ni investigado, e incluso fue reafirmado en su lugar en septiembre de 2013, cuando se realizó un reacomodo en la cúpula policial que incluyó varios pases a retiro.

Practicas de la dictadura militar en la morgue de hoy

La morgue a días del 2 de abril // Foto: La Pulseada

A días de cumplirse un nuevo aniversario de la inundación, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica – CIAJ – , presentó un Hábeas Data Colectivo para que la justicia investigue diversas irregularidades constatadas en la morgue policial. En este marco solicitó que no se envíen más cuerpos hasta que no se resuelva la medida judicial.

El amparo presentado por el CIAJ se basa en dos hechos. El primero se refiere a los pedidos de informe que la organización realizó al Ministerio de Seguridad en el marco de la investigación del número de víctimas fatales del 2 de abril y que nunca fueron respondidos. El segundo se basa en la inspección realizada por Gendarmería Nacional en la morgue policial el 7 de enero, en el marco de la investigación llevada adelante por Arias. Allí se constataron siete cadáveres hallados por la fuerza de seguridad y que no figuraban en el registro de la morgue. En las pericias Gendarmería también encontró que la morgue tenía licencias de inhumación para los cuerpos de varias personas que no estaban identificados.

El CIAJ difundió un documento anexado al pedido de amparo, titulado “La regularidad de las irregularidades”. El título se explica que resulta una paradoja, pero que “las irregularidades dan cuenta de regularidades; de rutinas institucionales que organizan la necropolítica o la administración de la muerte. Esas regularidades son la expresión de continuidades abyectas de la última dictadura que nunca terminaron de ponerse en crisis.”

En el documento el CIAJ sostiene que “tal como está funcionando la morgue de La Plata hoy, puede ser entendida como una máquina de desaparición, que se presta para desaparecer a las personas. Las desaparece cuando emite certificados falsos, cuando no registra, etc.” En este sentido explica que “dentro del organigrama del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la morgue policial departamental es una dependencia que funciona bajo la órbita de la Dirección General de Policía Científica en Función Judicial, del mismo ministerio. Dicha Dirección, tiene como misión efectuar todos los estudios técnicos y científicos que le sean requeridos en un proceso judicial, así como desarrollar métodos científicos conducentes a descubrir todas las circunstancias del delito. ”

Sin embargo, sostiene que en el marco de la última dictadura cívico – militar, “durante 1976 y 1980, las morgues judiciales tenían la práctica de extender certificados de defunción y ordenaban la inhumación de cadáveres de personas detenidas-desaparecidas, por orden de las fuerzas militares-policiales, y sin la intervención de un juez competente.” En cuanto a la actualidad en el funcionamiento agrega que “el caso de la Policía Bonaerense es preocupante, pues los médicos de policía y las morgues suelen ser lugares-zonas de nadie, donde muy pocos se atreven o saben a ciencia cierta qué conservan, como también aquello que ingresa o sale; pero también quién es el médico forense, cómo se evalúa una autopsia, quién es el que dictamina y hasta cómo se certifica”.

Es en este contexto que afirman que a partir de las irregularidades encontradas en la morgue “en estas circunstancias, por esta morgue podría haber pasado Jorge Julio López, Miguel Bru y los cientos de desaparecidos que existen hoy en Argentina”.

Para evitar este accionar dentro de la morgue policial, es que el CIAJ solicita que se establezca un protocolo para el modo en que los funcionarios policiales deben realizar las tares en la morgue, a fin de “regular y establecer su correcto funcionamiento.” En este caso explican en la presentación judicial que “la morgue policial debe ser un área transparente, que brinde absoluta garantía en la recepción y alojamiento de cadáveres, en los casos en que la justicia requiera intervención policial.” A su vez, agregan que “se evidencia un conjunto de actividades irregulares y hechos existentes dentro de la morgue, al punto de existir cuerpos no identificables o identificados, sin respaldo documental; lo cual constituye un obrar absolutamente ilegal por parte de la administración que debe ser cesado en forma inmediata”.

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