En una inspección realizada a la Unidad Penal 5 de Mercedes, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) constató “uso de violencia extrema” por parte de los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense. Alicia Romero, integrante de la CPM, se refirió a las 115 acciones judiciales presentadas y la solicitud de varias medidas para que se termine con “la gravísima vulneración de derechos de las personas detenidas”.
Uso de violencia extrema por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, pésimas condiciones de detención, hacinamiento, gran deterioro edilicio, falta de alimentación y de atención médica fueron algunas de las denuncias que constan en las 115 acciones judiciales presentadas por la CPM ante la Fiscalía Nº 3 de Mercedes. Luego de una inspección realizada en la Unidad Penal 5 de esa localidad, el organismo de derechos humanos determinó que allí tiene lugar “el funcionamiento de toda una maquinaria que imprime dolor a los cuerpos y a las mentes” y que “se gobierna mediante la generación de violencia y la instigación a cometer delitos”.
Tras la visita a la U5 se confeccionaron dos denuncias penales porque dos detenidos alojados en distintos sectores manifestaron que integrantes del SPB les habían entregado facas (armas blancas de fabricación casera), en un caso para que se autolesione y, en otro, para que lastime a otro preso. Para la resolución de ambos casos se solicitó la presencia del fiscal de turno y el defensor para garantizar la integridad física y el urgente traslado.
Además, se presentó un habeas corpus colectivo denunciando las condiciones de detención. A partir de esta presentación, el juez puede ordena medidas que van desde el pedido de informes hasta la designación de peritos para que constaten esas condiciones. "El problema que tenemos es que hay muchas sentencias considerando que hay agravamiento en las condiciones de detención en toda la provincia. Habitualmente, el ministerio de Justicia apela las sentencias, en este sentido, no se cumplen hasta tanto lo reserva la apelación", explicó Alicia Romero, directora del Programa de Inspección de lugares de detención, en diálogo con RAP.
Acerca de los pasos a seguir, Romero afirmó que "hay una decisión del SPB y del Ministerio de Justicia de no cumplir las instancias judiciales y de extender lo más que se pueda. Esto es tan viejo como la historia de las cárceles. Cuando empiezan a ser denunciadas delegan estos delitos en que son utilizados en algún tipo de beneficio como armas para agredir a otros. No es nada nuevo. Solicitamos que se investiguen los hechos, se abran sumarios al personal involucrado y supongo que van a tomar una decisión al respecto del jefe del penal".
Cuestionamientos al accionar del poder judicial
Según consta en los protocolos de acción, los jueces deben ir una vez cada dos meses a las unidades de detención para presentar informes y cada seis meses para realizar inspecciones más profundas. "Si cada juez de cada jurisdicción visita las cárceles debería estar absolutamente protegido el derecho de las personas privadas de la libertad. En realidad, si bien los jueces van, lo hacen en plan de cumplimentar una obligación, pero jamás ingresan a las celdas de los detenidos, ni a sectores de aislamiento y castigo", afirmó Romero.
"Sólo es posible este estado de situación si el poder judicial no actúa. Si existen la tortura y estas prácticas, es que no hay una presencia visible del poder judicial (...) La mayoría de los jueces, sobre todo en el conurbano, creen en el SPB y jamás escuchan al detenido. Más que miedo, yo creo que es una posición ideológica. Y eso es muy grave porque son ellos los que están capacitados para proteger lo derechos humanos de los detenidos" sintetizó.
La situación descripta para esta unidad no dista de la que atraviesan otras cárceles bonaerenses. En este sentido, Romero aclaró que "lo que sucede en la Unidad Penal 5 de Mercedes no son prácticas aisladas. A veces nos enteramos por relatos de detenidos y otras veces estamos allí en el momento preciso que se producen situaciones como estas. Nosotros sabemos sabemos que son prácticas sistemáticas de delegación del gobierno y de tortura".
si no hay movimiento de presos ya sea x falta de vehiculos o combustible o x falta de disposicion: hacinamiento
si los fondos para reparar la unidad son escasos y llegan en forma espaciada: grandes deterioros si los que tienen que hacer las contrataciones con los proveedores no cumplen con los pagos: falta de alimentos