El fiscal Tomás Morán pidió la elevación a juicio de una causa que se remonta a mayo de 2013. Son seis trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación, acusados del delito de “coacción agravada”. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado denuncian que se trata de una causa armada y exigen su cierre.
El 14 de mayo de 2013, cinco trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Cultura y Educación fueron detenidos por la policía. Desde la junta interna de ATE Educación, caracterizaron como secuestro el operativo en que el personal de la Delegación Departamental de Investigaciones -DDI- actuó en autos de civil y sin llevar uniformes. Cuatro de los detenidos, Miguel Ciappina, Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, y Silvia Valdez formaban parte de la Junta Interna de ATE Educación, mientras que otro de los detenidos, Marcelo Ardeti, formaba parte de la agrupación “Hijos del 55”. También fue procesada, pero no detenida, Giselle Mendoza, delegada de ATE Educación. Los gremialistas fueron conducidos a la dependencia de la DDI donde estuvieron detenidos hasta ser llevados a declarar frente al juez César Melazo. Recién al día siguiente por la tarde fueron liberados.
 |
| Masiva movilización exigiendo la libertad de los sindicalistas |
Según el fiscal Tomás Morán que solicita la elevación a juicio a un año de las detenciones, el delito se produjo el 31 de octubre de 2012 cuando se realizaba una asamblea en la Dirección General de Cultura y Educación. En el pedido de elevación a juicio sostiene que en aquel entonces “un grupo de personas ingresó a la fuerza a dependencias privadas, concretamente a los despachos de la titular de la cartera educativa y sus funcionarios, para lo cual debieron forzar puertas y romper vidrios, todo mediante la utilización de amenazas contra la integridad física de quienes se desempeñaban en el área, en especial del por entonces subsecretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Claudio Crissio, a quien obligaron a firmar un acta en la que se reconocía carácter de compensación salarial a las horas extras devengadas, sin poder el funcionario negarse a tal acción, en virtud de la intimidación de la que fue víctima”.
Desde ATE Educación rechazaron en aquel entonces la versión de los hechos, sosteniendo que la causa fue armada por las autoridades de la cartera educativa. Señalaron que el acta no fue firmada bajo coacción, y que el procesamiento consistía en un intento de desligitimación del acta, ya que en la misma se reconocía que el pago en negro en concepto de horas extras, es en realidad una compensación salarial. Señalaron también que las detenciones se llevaron a cabo en represalia a las masivas protestas llevadas a cabo por ATE Educación, luego del despido de 127 trabajadores en 2012. En aquella ocasión, el conflicto acabó con la reincorporación del total de los empleados luego de una toma del edificio que se extendió por 11 días.
En un nuevo comunicado de prensa elaborado por la junta interna, señalan también la complicidad del juez de garantías, César Melazo, que lleva adelante la causa. Afirman que “es el juez mano dura, encargado bajo todos los gobiernos de turno de ir contra cualquier medida de protesta. El gobierno provincial recurre a su auxilio, a pesar de no encontrarse de turno al momento del supuesto delito, por este mismo motivo, se trata de un juez empleado del poder de turno para amedrentar y perseguir a los luchadores”.
El magistrado platense deberá esperar ahora el desacargo de la defensa en relación al pedido de elevación a juicio. Tras eso, Melazo deberá decidir si acepta el pedido del fiscal para llevar a juicio a los seis sindicalistas.
