El Estado mexicano contra Nestora Salgado

Domingo 15 de diciembre de 2013

Entrevista a Guadalupe Lizarraga, escritora y periodista mexicana.
Nestora Salgado, activista mexicana detenida
Nestora Salgado dirigía en la localidad mexicana de Guerrero un grupo de autodefensa que enfrenta la corrupción policial, la violencia de los cárteles de drogas y la extranjerización de bienes comunes. El 21 de agosto fue arrestada con la excusa del secuestro de tres personas y permanece en una cárcel de alta seguridad sin posibilidad de recibir a su abogado. Este martes, organismos de derechos humanos realizaron una protesta frente al Consulado de México en Nueva York para exigir su liberación.


Nestora Salgado creció en el pueblo indígena de Olinalá en el estado mexicano de Guerrero y se hizo ciudadana de EEUU. En su localidad de origen fue testigo del incremento de la pobreza, los crímenes violentos y la corrupción política, por lo que se involucró en el movimiento indígena a través de la policía comunitaria. El 21 de agosto fue detenida con el pretexto oficial de haber secuestrado a dos adolescentes y al alguacil local, Armando Patrón Jiménez. Desde ese día está detenida en una cárcel de máxima seguridad, a varios kilómetros de la ciudad donde reside su familia y sin posibilidad de recibir visitas por parte de su abogado.«No se ha creado un puente de comunicación para, al menos, crear la posibilidad de que ella pueda salir pronto. Se espera que en la apelación para que pueda concluir esta pesadilla para la familia Salgado», expresó la periodista Guadalupe Lizarraga en diálogo con SOS Señal de Radio. Este martes, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, organizaciones sociales realizaron una concentración frente al Consulado de México en Nueva York para exigir su liberación.

Según expresó el Partido de Libertad Socialista de Estados Unidos en apoyo a Nestora, «la persecución de líderes indígenas como Salgado y la supresión de fuerzas policiales comunitarias autónomas tiene un propósito más amplio: el silenciar a la oposición de las comunidades indígenas contra las compañías mineras extranjeras que gozan de grandes contratos para extraer riqueza mineral de las montañas de Guerrero».

Esta semana, el Senado mexicano aprobó una reforma energética que permitirá la inversión privada nacional y extranjera en la estratégica industria energética con nuevos tipos de contratos que privilegian la privatización y explotación transnacional. La iniciativa plantea cambios a tres artículos de la Constitución e incluye desde licencias para explorar y explotar hidrocarburos hasta contratos de utilidad y de producción compartida. «Estamos viviendo un Estado de derecho quebrado ante la apertura de las transnacionales a las reservas de crudo. Es un panorama triste y deprimente, es la privatización de petróleo mexicano. En Guerrero ha habido amenazas a quienes se oponen a esta reforma», dijo Guadalupe.

«Estamos viviendo una narcodictadura»

El Estado de Guerrero cuenta con el nivel de criminalidad más alto de México y tiene una historia de participación gubernamental en masacres de campesinos indígenas. En este entramado intervienen la disputa por territorios donde viven los pueblos originarios, la extracción de petróleo y las redes de narcotráfico que allí accionan.  «La situación que se vive en Guerrero tiene que ver con la política de represión del gobierno federal», afirmó la periodista. «El gobierno mexicano está fortaleciendo la inteligencia policial contra las libertades de expresión y asociación. Las redes sociales son uno de los puntos más sensibles, las fuerzas de seguridad van a recibir capacitación para hacer el monitoreo permanente de cuentas de activistas u opositores».

Las comunidades indígenas son vistas por el gobierno federal como un obstáculo para avanzar con sus políticas neoliberales y para el accionar de los cárteles de drogas. Según contó Guadalupe, «hay una ´narcodictadura´ en el Estado mexicano que, en la práctica, tiene como ejes la restricción de derechos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones y desapariciones por parte del Ejército; están paramilitarizando la zonas petroleras». También explicó que los grupos paramilitares están integrados por militares de las fuerzas oficiales que actúan encapuchados generando conflictos en las comunidades originarias. «Tenemos un problema que los medios tradicionales callan y vemos una opinión pública internacional supeditada a la línea del gobierno federal. Con este panorama,  México va hacia la degradación y la impunidad», afirmó.

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